Por Equipo #EnResumen

En el marco de la quinta jornada de intervención en la fosa irregular del panteón Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, el colectivo “Ángeles Buscándote” reportó un rezago estadístico en la identificación y entrega de restos humanos. A nueve años del inicio de los trabajos en el sitio, las autoridades estatales han logrado la restitución de únicamente dos individuos de un aproximado de 400 cuerpos exhumados.

Erika Alcántara García, integrante de la organización, planteó interrogantes sobre la eficacia metodológica de la Fiscalía General del Estado (FGE) y demandó la integración de los familiares en los procesos de investigación.

La crisis forense en cifras y el factor temporal 

La proporción de restos identificados representa menos del uno por ciento del volumen total extraído. Ante estos resultados, el colectivo cuestiona si el déficit responde a las estrategias periciales actuales de la FGE, a factores inherentes a la crisis forense estatal o a la falta de capacidad institucional.

Uno de los principales señalamientos técnicos se centra en el manejo del tiempo. La organización advierte que la dilación en los procesos genera una degradación biológica en los restos. Este deterioro imposibilita, en diversos casos, la viabilidad para obtener perfiles genéticos, lo que anula de forma permanente las posibilidades de identificación forense.

Cadena de responsabilidades y falta de acción penal

El informe del colectivo detalla la existencia de responsabilidades institucionales no atendidas en el caso. Apuntan a omisiones por parte del personal de la Fiscalía, argumentando que los peritos no ejecutaron las pruebas correspondientes cuando los cuerpos contaban con un estado de conservación que permitía mayores elementos de identificación.

De igual forma, señalan la intervención de las administraciones municipales en funciones durante el periodo de las inhumaciones, a quienes acusan de facilitar las condiciones operativas para los entierros masivos. 

A pesar de estos antecedentes, la organización subraya que hasta la fecha no existen carpetas de investigación o funcionarios con señalamientos formales en materia de responsabilidad penal. Para avanzar en la ubicación de los restos, proponen requerir la comparecencia de las personas que participaron directamente en las inhumaciones para establecer las dimensiones reales de la fosa.

El alcance sistémico de las fosas comunes

Para “Ángeles Buscándote”, los hallazgos documentados en los panteones de Jojutla y Tetelcingo constituyen indicadores de un problema a nivel estatal. La organización asume que las prácticas institucionales registradas en estas fosas irregulares podrían ser un patrón reiterado en el manejo de otras fosas comunes en Morelos, cuyo estatus operativo e histórico se desconoce.

Exigencias de participación ciudadana

Como medida de solución a las deficiencias operativas, la organización requiere la creación de espacios de supervisión civil. Solicitan participación en todas las fases del proceso: planeación, excavación, exhumación, procesamiento de muestras genéticas (tanto de restos como de familiares) y en los traslados al panteón ministerial.

El colectivo demanda retomar el esquema de observación implementado durante el año 2021 y establece la integración de las víctimas indirectas como un requisito operativo para la validación de las acciones gubernamentales en esta materia.