Por: Alfredo Soberanes

Los obstáculos del Plan B

México se encuentra en un momento crucial donde la discusión sobre la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, se volvió un capricho, luego del rechazo al “Plan A”, se insiste con el denominado “Plan B”. Empero, el enfoque no debió centrarse en ajustes administrativos o en la concentración de poder hacia el partido hegemónico, sino en un fortalecimiento genuino de la democracia que garantice los procesos electorales.

El “Plan B”, se presenta como un reflejo de los dos grandes déficits que han marcado a la Cuarta Transformación (4T): la persistente inseguridad y la corrupción. Si bien se argumenta que estos problemas fueron heredados de administraciones anteriores, la evidencia sugiere que ni el presidente López Obrador ni su sucesora, Claudia Sheinbaum, han logrado un control efectivo sobre ellos, sino todo lo contrario. La imagen de la 4T está agrietada y con divisiones. 

Asimismo, datos en diversos medios lo reflejan: mientras la aprobación de la presidenta Sheinbaum se mantiene alta (72%), sus políticas en materia de crimen organizado y corrupción son rotundamente criticadas por un abrumador 78% de la población. Este contraste revela una desconexión entre la percepción general y la efectividad de las acciones gubernamentales en áreas críticas. Lo importante domina lo popular. 

Durante su primer año, la presidenta priorizó un enfoque frontal contra la violencia, logrando apaciguar las tensiones de Estados Unidos y proyectando un discurso de reducción de homicidios. Sin embargo, el silencio sobre la alarmante cifra de desaparecidos y el anuncio de una revisión exhaustiva de esta categoría a futuro, dejan entrever las complejidades y posibles omisiones en la estrategia de seguridad.

Una vez que se sintió segura en el frente de la seguridad, la atención se dirigió hacia la corrupción sistémica, con un enfoque particular en las prerrogativas de los partidos políticos. El escándalo de los casi 200 mil millones de pesos que los seis principales partidos han recibido entre 1997 y 2026, sumado a su baja evaluación ciudadana, pone de manifiesto la urgencia de abordar este tema.

Empero, en el tema de corrupción, las omisiones y el silencio ante los señalamientos negativos contra “las grandes figuras cuatroteístas”, como: el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, sus hijos “Andy”, “Bobby” y José Ramón López Beltrán; el senador, Adán Augusto López Hernández; el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo; el diputado federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, entre otros, han dejado una sensación de impunidad y encubrimiento por parte del oficialismo, restando credibilidad en su presunta lucha contra la podredumbre del sistema.  

La intención detrás de estas acciones, se traduce a la construcción de un autoritarismo más eficiente y disciplinado. No obstante, el fracaso de la reforma electoral principal y el consecuente empequeñecimiento del “Plan B”, sugieren que la corrupción sistémica y el pacto de impunidad, tanto dentro como fuera de Morena, continuarán su curso.

Ante este escenario, la mirada se dirige hacia fuera de los partidos políticos tradicionales. El conjunto de resistencias compuesto por medios críticos, académicos, colectivas feministas, organismos de la sociedad civil, y colectivos de víctimas (especialmente madres buscadoras), emerge como un actor clave. A pesar de los intentos de “domesticación” o minimización por parte del gobierno, este sector ha demostrado una notable resiliencia y capacidad para mantener un discurso crítico sobre las inconsistencias oficiales en materia de inseguridad y corrupción.

La propuesta de reducir diputados y regidores gana apoyo público por la falta de impacto tangible de muchos representantes. Más allá del ahorro, el debate es una prueba de lealtades y equilibrios de poder dentro de la 4T y sus aliados. Las reformas que recortan privilegios enfrentan resistencia, y el “Plan B” podría generar fisuras políticas, como se vio con el desacuerdo en el “Plan A”. 

Lo cierto es que…El fracaso del Plan B electoral no es un evento aislado, sino un síntoma de los problemas estructurales que aquejan a la 4T. La verdadera reforma pendiente no reside en ajustes superficiales al sistema electoral, sino en un abordaje profundo y honesto de la inseguridad y la corrupción, fortaleciendo las instituciones y devolviendo la confianza ciudadana en los procesos democráticos. La alternativa reside en la consolidación de las voces críticas y el compromiso real con la transparencia y la justicia, sin encubrir desde la cúpula del poder a los suyos.

¡Gracias por su confianza! 

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