Por Otto Alberto Pérez

La propuesta electoral del oficialismo vulnera el principio de equidad. La sincronización de la revocación de mandato con los comicios de 2027 perfila una maquinaria estatal diseñada para disminuir la pluralidad y simular la competencia democrática.

La celeridad legislativa para aprobar el llamado “Plan B” antes del receso de Semana Santa expone la escencia del proyecto gubernamental. Empatar la consulta de revocación de mandato con la elección intermedia de 2027 trasciende el simple ajuste normativo: es un diseño institucional que constitucionaliza la intervención del Ejecutivo en las urnas.

La iniciativa permite que la presidenta Claudia Sheinbaum encabece una campaña de promoción concurrente a la renovación de la Cámara de Diputados, gubernaturas y alcaldías. Exconsejeros del Insituto Nacional Electora (INE), como José Woldenberg, documentan que esta maniobra sepulta el principio constitucional de neutralidad. La estructura del Estado muta para operar como un apéndice de la estrategia electoral del oficialismo, borrando el límite entre la administración pública y la contienda partidista.

Lejos de expandir los mecanismos de participación ciudadana, la reforma funciona como un dispositivo de concentración de poder. La tesis es ineludible: forzar la presencia de la figura presidencial en la boleta busca transferir capital político hacia los candidatos de su coalición. Al dictar nuevas reglas del juego desde la presidencia, se instaura una ventaja asimétrica que transforma los comicios venideros en un trámite escenificado.

La magnitud de la inequidad amenaza incluso la supervivencia de los aliados del régimen. Las resistencias expresadas por legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde evidencian las fallas estructurales del proyecto. Voces como las de Reginaldo Sandoval y Luis Armando Melgar advierten que la sobreexposición del Ejecutivo asfixiará a las fuerzas minoritarias. La reforma exige sacrificar la pluralidad interna para encumbrar una organización monolítica.

Desde la trinchera opositora, el diagnóstico coincide en el desmantelamiento institucional. Mientras el PAN reta al oficialismo a someter a sus propios gobernadores al escrutinio revocatorio, el PRI denuncia un esquema vertical diseñado para capturar a los órganos electorales. Movimiento Ciudadano alerta sobre la vulneración del pacto federal mediante la imposición de controles presupuestales a los congresos locales.

La suma de estos factores apunta hacia la destrucción sistemática de la actual democracia mexicana. Si la iniciativa impulsada por Ignacio Mier logra la aprobación en las cámaras y legislaturas locales, el país enfrentará una simulación en las urnas. El entramado legal servirá únicamente para validar la ejecución de elecciones de Estado.

El riesgo de consolidar un partido hegemónico único dejará de ser una advertencia académica para convertirse en una realidad constitucional. Al desarticular las reglas de competencia equitativa que hicieron posible la alternancia pacífica en las últimas décadas, el oficialismo cierra el círculo de su propia transformación. Morena asume así, irrevocablemente, la forma, las prácticas y el fondo del viejo sistema que juró destruir.