Por Carolina Ruiz Rodríguez *

En México, aún solemos hablar de la migración como si fuera un fenómeno distante, ajeno a nuestra vida cotidiana, como si ocurriera únicamente en las fronteras. Sin embargo, la migración está más presente que nunca en nuestras vidas, en nuestras calles, en nuestras carreteras y comunidades. En Morelos la vemos todos los días: mujeres, hombres, niñas y niños que buscan seguridad, trabajo o simplemente una oportunidad para seguir adelante.

Pero para muchas personas migrantes el viaje no termina cuando llegan a un nuevo territorio. Ahí comienza otra lucha: la de enfrentar la discriminación, la desconfianza y, en muchos casos, la invisibilidad ante las instituciones.

Desde mi responsabilidad como diputada local y presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes del Congreso del Estado de Morelos, estoy convencida de que nuestras leyes deben responder a esa realidad. Por ello, en las dos sesiones más recientes, he presentado dos iniciativas que buscan fortalecer la protección jurídica de las personas migrantes en nuestro estado, particularmente de quienes enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

La primera propone reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer expresamente la condición migratoria como un factor de vulnerabilidad. Las mujeres migrantes viven una doble exposición al riesgo: por ser mujeres y por encontrarse lejos de su lugar de origen. Muchas recorren rutas marcadas por la violencia, el abuso o la explotación, y al llegar a un nuevo lugar, la falta de documentos o el miedo a denunciar las deja prácticamente indefensas.

Incorporar esta realidad en la ley significa que las autoridades deberán considerar la condición migratoria al momento de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Es por ellas, pero también por todas nosotras.

La segunda iniciativa plantea reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado para dejar claro que ninguna persona debe ser discriminada por su estatus migratorio. Porque la discriminación no siempre se manifiesta con palabras; muchas veces aparece en forma de puertas cerradas: cuando se niega un servicio, cuando una persona es tratada como sospechosa por su origen o cuando se les limita el acceso a derechos básicos.

La dignidad humana no puede depender de un documento.

Morelos es como nunca antes un territorio de paso, pero también de encuentro, de destino. Y precisamente por eso debemos asumir con responsabilidad el reto de construir una sociedad donde el respeto a los derechos humanos no tenga límites ni fronteras.

Legislar en favor de las personas migrantes no significa ignorar los desafíos que implica la migración. Significa reconocer que los derechos humanos son universales y que detrás de cada historia migrante hay personas que buscan lo mismo que cualquiera de nosotros: seguridad, oportunidades y una vida digna.

Estoy convencida de que una sociedad se define por la forma en que trata a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad. Por eso seguiré impulsando reformas que permitan que en Morelos nadie sea discriminado, violentado o invisibilizado por venir de otro lugar o estar de paso.

Porque migrar puede ser una necesidad. Pero perder derechos jamás debe ser una consecuencia.

* Diputada local y presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes del Congreso del Estado de Morelos