Por Otto Alberto Pérez

Siete años después del asesinato del defensor indígena Samir Flores Soberanes, el expediente judicial sigue siendo un monumento a la impunidad. Ocurrido el 20 de febrero de 2019, este homicidio inauguró una etapa de profundas contradicciones para un Estado que prometía la pacificación y el respeto a las comunidades. El caso trasciende la violencia ordinaria: se perfila como un crimen político donde la eliminación de la principal voz opositora al Proyecto Integral Morelos pavimentó el camino para la imposición de una agenda energética sobre el territorio.

El móvil es ineludible. Samir Flores fue asesinado apenas tres días antes de la consulta ciudadana impulsada por el Ejecutivo federal para validar la termoeléctrica de Huexca. Al apagar al líder más articulado de la resistencia comunitaria, se asestó un golpe táctico que desmovilizó a la oposición a través del terror. La coincidencia milimétrica de los tiempos políticos obliga a cuestionar la actuación de las cúpulas de poder que, directa o indirectamente, se beneficiaron de su ausencia.

El análisis de las responsabilidades apunta a una cadena sistémica de omisiones, estigmatización y confrontaciones. A nivel federal, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador mutó su postura histórica: de rechazar el megaproyecto en campaña, pasó a impulsarlo desde el poder. Días antes del crimen, el discurso oficial desde la tribuna presidencial catalogó a los opositores como “conservadores”. Esta narrativa generó un clima de hostilidad y colocó un blanco sobre los activistas. En Morelos, Hugo Erick Flores, entonces superdelegado del gobierno federal, protagonizó un ríspido debate público con Samir apenas 24 horas antes del asesinato. La autoridad que representaba al Estado sintió la presión y el escrutinio directo del activismo; a la mañana siguiente, el opositor estaba muerto.

A nivel estatal, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco falló en su obligación constitucional de proteger a un defensor que contaba con amenazas documentadas, creando un vacío de seguridad permisivo. No obstante, el engranaje definitivo de la impunidad se consolidó en la Fiscalía de Morelos, bajo el mando de Uriel Carmona. La reciente absolución del único detenido confirma el fracaso —o el éxito premeditado— de una investigación deficiente.

La pérdida inexplicable de una cartulina con supuestas amenazas en la escena del crimen, bajo el resguardo de las autoridades, no representa un simple error de cadena de custodia. Funcionó como la coartada institucional perfecta para que la Fiscalía desviara la narrativa hacia un ajuste de cuentas del crimen organizado. Esta maniobra técnica diluyó deliberadamente la línea de investigación sobre el activismo político y garantizó la protección de los verdaderos autores intelectuales.

A siete años de los disparos en Amilcingo, la justicia es inexistente. El carpetazo institucional demuestra que el aparato de procuración de justicia puede operar como un mecanismo de contención para blindar a la clase política. El asesinato de Samir Flores no fue una tragedia fortuita, sino la ejecución de un control territorial. Mientras no se investigue el grado de responsabilidad de las autoridades que por acción, incitación u omisión facilitaron este escenario, el Estado seguirá cargando con la sospecha histórica de haber silenciado a balazos a quien defendía su tierra.