Por Carolina Ruiz Rodríguez *
Como nunca en años recientes, Morelos y México atraviesan momentos dolorosos. La violencia que se arrastra desde administraciones pasadas sigue cobrando víctimas y, lamentablemente, muchas de ellas son mujeres.
En Morelos, las mujeres siguen siendo violentadas, desaparecidas y, en muchos casos, revictimizadas por instituciones que deberían protegerlas. Nos duele la historia de Kimberly Yoselin y de Karol, estudiantes de nuestra Máxima Casa de Estudios. Pero también duelen muchas otras jóvenes que, como ellas, han sufrido distintas formas de violencia.
Nos duele también la pequeña Imelda, la niña de apenas cuatro años, originaria de Chiapas, que murió atropellada en Cuernavaca mientras recogía unas monedas que había ganado bailando en un semáforo. Y duelen también las dos niñas gemelas de seis años, originarias de Haití, que fallecieron recientemente al caer en una cisterna mientras su madre trabajaba en un albergue migrante.
Historias como estas nos recuerdan que el 8 de marzo no es un día de celebración. Es un día de memoria, de conciencia y de reflexión profunda sobre la realidad que enfrentan millones de mujeres.
El Día Internacional de la Mujer no es una fecha para discursos cómodos o simbólicos. Es una fecha debe incomodarnos y cuestionar cuánto hemos avanzado como sociedad y cuánto seguimos debiendo como gobierno.
Hoy, ser mujer en el mundo implica enfrentar brechas salariales, discriminación y diversas formas de violencia. Pero existe una condición que profundiza aún más esas desigualdades: ser mujer y ser migrante.
Las mujeres migrantes emprenden viajes cargados no solo de agua y pan, sino de miedo, esperanza y responsabilidad. Migran para sostener a sus familias, para escapar de la violencia, del crimen organizado, de la pobreza extrema o de la persecución. No migran por gusto; migran por necesidad.
Durante su tránsito enfrentan múltiples riesgos: trata de personas, abuso sexual, explotación laboral, extorsión y discriminación institucional. Muchas veces son invisibles. Otras, silenciadas. Casi siempre revictimizadas.
Ser mujer migrante significa cargar con el doble —y a veces triple— peso de la desigualdad.
México vive además una transformación en su dinámica migratoria. Nuestro país ya no es únicamente territorio de tránsito; cada vez más se convierte en un lugar de destino. Esta nueva realidad nos obliga a asumir una mayor responsabilidad como sociedad y como gobierno.
Detrás de cada cifra migratoria hay historias humanas: madres que dejaron a sus hijos, jóvenes que huyeron para salvar su vida o niñas que no comprenden por qué las fronteras también duelen.
Desde la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el Congreso del Estado de Morelos tenemos una convicción clara: no puede hablarse de justicia social si se deja fuera a las mujeres migrantes. Tampoco puede hablarse de igualdad si ignoramos a quienes viven en los márgenes de la protección institucional.
La agenda de género debe incorporar con mayor fuerza la perspectiva migratoria. No basta con acompañarlas en el discurso; debemos respaldarlas con políticas públicas, con leyes y con presupuestos que garanticen su acceso a la salud, la justicia, el trabajo digno y la seguridad.
Porque cuando una mujer migrante es violentada, el Estado fracasa.
Cuando una mujer migrante es ignorada, la democracia se debilita.
Pero cuando una mujer migrante es protegida, toda la sociedad se fortalece.
Debemos trabajar para que este 8 de marzo no sea una fecha simbólica más, ni todo se centre en torno a una marcha. Debe ser un punto de inflexión para reconocer que la lucha por la igualdad también pasa por mirar a quienes viven en mayor vulnerabilidad.
Porque ser mujer no debería significar desventaja.
Y migrar nunca debería convertirse en una condena.
*Diputada local en el Congreso del Estado de Morelos y presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes.





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