Por Otto Alberto Pérez

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en 2026 fue el escenario de una grave paradoja política. Mientras México enfrenta una crisis diaria de violencia de género, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo emitió un mensaje celebrando la “igualdad” apenas horas después de anunciar una iniciativa para encarcelar a mujeres por “acusaciones falsas”. 

Esta sincronía no es una simple torpeza discursiva; constituye un ejercicio de cinismo legislativo que evidencia cómo el aparato del Estado puede ser instrumentalizado para silenciar e intimidar a las víctimas.

El exgobernador de Morelos encarna en la tribuna el arquetipo histórico del machismo mexicano: una figura de poder que se asume intocable frente al escrutinio legal.

Al ser cuestionado sobre el proceso judicial por violación en grado de tentativa que interpuso su media hermana a finales de 2024, Blanco minimizó la gravedad del cargo —cuya pena alcanza los 50 años de prisión— equiparándolo con “las críticas en el fútbol”. 

Esta banalización de la violencia sexual se complementa con la amenaza de demandar al partido Movimiento Ciudadano por daño moral. Transformar al presunto agresor en víctima mediática es una táctica clásica para desviar la atención de los expedientes penales.

El historial del legislador demuestra que la agresión hacia las mujeres no es una anomalía en su carrera, sino una constante que ha evolucionado al amparo del poder público. 

Los antecedentes transitan desde la discriminación misógina en 2004 contra la árbitra Virginia Tovar, hasta la violencia política ejercida contra funcionarias durante su etapa como alcalde. Sin embargo, la cúspide de esta impunidad quedó registrada en los videos de 2022, donde su esposa, Natalia Rezende, exhibió golpes en el rostro mientras rogaba por auxilio. 

En dichas grabaciones se observa a la escolta oficial ignorando las peticiones de la víctima; el personal de seguridad del Estado operó, en los hechos, como el cordón de protección del agresor doméstico.

Esta red de encubrimiento alcanzó su punto máximo en la Cámara de Diputados en marzo de 2025. El bloqueo de su desafuero mediante tácticas dilatorias y recesos irregulares orquestados por sus aliados políticos confirmó que la inmunidad parlamentaria es el último refugio de la impunidad. Desde esa misma curul blindada, promover hoy una ley contra “denuncias falsas” representa un acto de intimidación institucional. 

Es un mensaje de advertencia dirigido no solo a la familiar que lo denunció por agresiones en la residencia oficial de gobierno, sino a cualquier mujer en el país: quien rete al pacto patriarcal enfrentará todo el peso del Estado.

Permitir que un perfil con dos décadas de señalamientos por agresiones físicas, verbales y sexuales legisle sobre los límites del derecho penal es una burla al marco de derechos humanos en México.

La permanencia de Cuauhtémoc Blanco en el poder expone el fracaso de los filtros éticos de las mayorías legislativas y envía un mensaje letal en una nación asediada por la violencia de género: el fuero y las alianzas políticas bastan para que el agresor se convierta en juez y la víctima termine en el banquillo de los acusados.

 En este contexto, la impunidad ya no es una falla del sistema judicial; se ha confirmado como su regla principal.