Por Carolina Ruiz Rodríguez*

En un reporte publicado por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos el pasado 16 de mayo de 2025, se vincula directamente a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el tráfico de personas migrantes.

El comunicado recuerda que el 20 de febrero el Departamento de Estado designó a ocho cárteles internacionales —entre ellos el CJNG— como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Esta clasificación permite imputar cargos penales mucho más severos bajo la legislación estadounidense. Según la autoridad norteamericana, el CJNG no solo controla una parte significativa del narcotráfico, sino que también participa en lavado de dinero, soborno, extorsión de migrantes, cobro de cuotas a traficantes de personas y actos sistemáticos de violencia e intimidación (Cfr. https://www.justice.gov/opa/pr/mexican-national-and-alleged-alien-smuggler-indicted-first-material-support-terrorism)

En ese contexto, la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, presunto líder del CJNG, cimbró al país y ocupó titulares internacionales. No era para menos: se trataba de uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. Sin embargo, más allá del impacto mediático y del mensaje político que representa su caída, surge una pregunta inevitable: ¿modifica en algo la muerte de “El Mencho” el fenómeno migratorio en México?

La respuesta, aunque incómoda, es clara: no de manera estructural ni inmediata.

El fenómeno migratorio que vive México en 2026 no depende de la existencia o desaparición de un solo líder criminal. La migración responde a causas profundas: pobreza, violencia estructural, falta de oportunidades, persecución política y desastres naturales en los países de origen. Mientras esas condiciones persistan en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, el flujo migratorio continuará.

Es cierto que los grupos delictivos han convertido la migración en un negocio altamente rentable. La extorsión, el secuestro, el tráfico de personas y el control territorial de las rutas migratorias son hoy parte de una economía criminal que lucra con la vulnerabilidad humana. En ese sentido, la fragmentación o reacomodo interno del CJNG podría incluso generar, de manera temporal, disputas violentas en ciertas regiones del país, afectando directamente a quienes transitan por ellas.

La experiencia nos ha demostrado que cuando cae un liderazgo criminal, la violencia no necesariamente disminuye; muchas veces se atomiza y se vuelve más impredecible.

Para México —que ha pasado de ser un país de tránsito a convertirse también en país de destino— el desafío es aún mayor. La seguridad en las rutas migratorias no puede depender del debilitamiento ocasional de un cártel. Requiere una política de Estado sostenida, coordinación real entre niveles de gobierno y, sobre todo, un enfoque firme de derechos humanos.

Desde la Comisión de Atención a Personas Migrantes del Congreso de Morelos, hemos sostenido que el fenómeno migratorio debe abordarse con una visión integral: seguridad, sí; pero también desarrollo regional, atención humanitaria, regularización ordenada y combate frontal a la corrupción que permite la colusión entre autoridades y delincuencia organizada.

La muerte de “El Mencho” puede representar un golpe simbólico y operativo contra una de las organizaciones criminales más violentas del país. Pero no significa, por sí sola, mayor seguridad para las y los migrantes. Tampoco implica que las causas que expulsan a miles de personas de sus países desaparezcan de la noche a la mañana.

El reto para México no es celebrar la caída de un capo como si con ello se resolviera la complejidad del fenómeno migratorio. El verdadero desafío es construir instituciones sólidas que impidan que cualquier organización criminal, siga lucrando con el dolor, el miedo y la esperanza de quienes migran.

La migración no se detiene con la muerte de un líder criminal. Se transforma, se adapta y continúa. La verdadera pregunta no es qué cambia tras su muerte. La verdadera pregunta es qué estamos haciendo como Estado para que ningún grupo delictivo vuelva a convertir el sueño de una vida mejor en una pesadilla de violencia y explotación.

Ahí está la discusión de fondo. Y ahí debe estar nuestra responsabilidad.

*Diputada local y presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes del Congreso de Morelos.