LA CORRUPCIÓN CÍCLICA DEL PODER JUDICIAL DE MORELOS

Por Daniel Alcaraz

Si en cualquier institución pública el desorden financiero es grave, en el Poder Judicial es todavía peor. Porque cuando el dinero desaparece en los tribunales no solo se esfuman pesos, también se pierde la credibilidad de la justicia.

El titular del Órgano de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Javier García Tinoco, confirmó que las auditorías estatales coinciden en un grave desfalco que involucra a las dos administraciones anteriores. El Fondo Auxiliar, destinado a pensiones y cauciones, terminó convertido en caja de emergencia sin retorno.

Durante la presidencia de María del Carmen Cuevas se tomaron 60 millones de pesos para cubrir aguinaldos y sueldos en 2020. La ley permite el uso temporal de esos recursos, pero obliga a reintegrarlos. 

Cinco años después, el dinero no aparece. Lo que debía garantizar jubilaciones hoy representa un boquete financiero que amenaza a quienes dedicaron su vida al servicio judicial.

La administración de Luis Jorge Gamboa Olea no corrigió el rumbo ni solventó observaciones y ahora enfrenta una segunda etapa de auditoría. Mientras tanto, vía transparencia, se conocieron celebraciones millonarias, fiestas temáticas, rifas y banquetes en un tribunal que alegaba restricciones presupuestales.

Hoy se anuncian siete denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. Se promete que no se meterán las manos al fuego por nadie, pero dado el perfil de los nuevos integrantes del Órgano de Administración y del mismo presidente del Poder Judicial, Juan Emilio Elizalde —personaje que, con tal de ocupar la presidencia, comprometió su docilidad y encubrimiento—, lo más probable es que ocurra nuevamente lo mismo.

Lo más probable es que no ocurra nada contra quienes encabezaron las anteriores administraciones. Lo más probable es que el proceso se empantane entre tecnicismos, prescripciones y acuerdos políticos.

Y lo más preocupante es que también sea probable que dentro de algunos años estemos leyendo otro informe, ahora señalando irregularidades del actual Órgano de Administración.

Se trata de nombres y de redes políticas que históricamente han colonizado espacios institucionales. Rabindranath Salazar Solorio, con su grupo político. Isaac Pimentel, con vínculos familiares y estructuras de poder. Las lealtades parecen responder más a padrinazgos que a méritos técnicos.

Cuando los órganos encargados de vigilar la legalidad están integrados por personajes de reputación cuestionada, el mensaje es devastador. No hay reforma judicial que resista si la administración interna reproduce las mismas prácticas que dice combatir.

Mientras no exista una investigación real, con consecuencias penales, inhabilitaciones efectivas y recuperación de recursos, el discurso anticorrupción será apenas un trámite retórico. Y el Poder Judicial seguirá atrapado en el mismo círculo vicioso, donde cambian los nombres, pero no las prácticas.