Por Otto Alberto Pérez

El 16 de febrero de 2026, el gobierno de Morelos confirmó el cese de la Dra. Jacqueline Hernández Ruiz al frente de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), cediendo la titularidad al Dr. Rolando González Nájera. Oficialmente, la sustitución se comunicó como una “reestructuración interna” para optimizar la red hospitalaria. Políticamente, este relevo plantea una interrogante ineludible sobre la rendición de cuentas: ¿Bastará con la separación del cargo para saldar un daño patrimonial y operativo que comprometió el sistema sanitario del estado? La gobernabilidad exige que las omisiones documentadas trasciendan el ámbito administrativo y deriven en denuncias formales.

La gestión de Hernández Ruiz no fue solo ineficiente, fue una “brecha de implementación” que permitió la continuidad de redes de opacidad. El análisis de esta gestión evidencia un patrón donde la inacción funcionó como un mecanismo de encubrimiento. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 717 millones 765 mil pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2023. De esta cifra, resalta una adjudicación directa por 109 millones para el Hospital General de Jiutepec, con un vacío comprobatorio de 76 millones. Al asumir la dirección en octubre de 2024, Hernández Ruiz omitió realizar observaciones sobre estos expedientes durante el proceso de entrega-recepción. Lejos de aplicar auditorías, la dirección mantuvo intacta la estructura operativa heredada, asumiendo la responsabilidad pública de esas decisiones y perpetuando prácticas de nepotismo en áreas críticas.

La parálisis administrativa de los SSM durante 2025 se cuantifica en recursos subutilizados y crisis de salud pública. Entre agosto y noviembre de dicho año, la Federación entregó tomógrafos y mastógrafos de alta tecnología para los hospitales de Cuernavaca y Cuautla. Los equipos permanecieron en bodegas debido a que la dirección estatal no gestionó las adecuaciones de infraestructura necesarias, como el blindaje de salas y redes eléctricas. Esta falta de planeación constituye un daño patrimonial indirecto por depreciación de equipo e interrupción de servicios diagnósticos vitales.

A esta falla de infraestructura se suma un debilitamiento estructural del capital humano. La omisión de reportar vacantes para su rescate presupuestal ante la Federación provocó la pérdida definitiva de 350 plazas médicas y administrativas. Paralelamente, la decisión de no ejecutar compras de emergencia a nivel local —entre abril de 2025 y enero de 2026— derivó en el desabasto de tratamientos oncológicos pediátricos y facilitó un brote de sarampión, exhibiendo la inoperancia de la Red de Frío institucional.

Sin embargo, el indicador más crítico del deterioro se ubica en el cruce entre la bioética y la crisis forense. Como exjefa de la Jurisdicción Sanitaria II, Hernández Ruiz avaló procesos administrativos en la emisión de certificados de defunción que carecían de rigor metodológico. Estas fallas en los controles sanitarios primarios facilitaron las inhumaciones irregulares en el panteón Pedro Amaro de Jojutla. Las exhumaciones de 2025, demuestran cómo la negligencia burocrática se convierte en un eslabón de la desaparición forzada.

En Morelos, sustituir a un funcionario sin iniciar procesos legales sienta un precedente de inmunidad institucional. El colapso operativo no se resuelve únicamente cambiando titulares; requiere desmantelar la cadena de custodia de la impunidad. Los cuerpos hallados en las fosas de Jojutla, el equipo médico abandonado y los fondos federales sin comprobar demuestran que la opacidad tiene un costo tasado en vidas humanas. La administración estatal enfrenta hoy una prueba de credibilidad: ¿Asumirá el costo político de archivar las negligencias de los SSM o demostrará que jugar con el derecho a la salud tiene consecuencias penales? La pregunta ya no es quién ocupa el cargo, sino quién responderá ante la ley.