Por: Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero las autopsias del poder las redactan los sobrevivientes. Y pocas autopsias recientes resultan tan perturbadoras como la que ofrece Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez.

El libro no es únicamente la memoria de una ruptura política ni un ajuste de cuentas personal. Es, sobre todo, una radiografía descarnada de cómo el andamiaje constitucional mexicano fue subordinado a una máxima de Realpolitik: cuando la voluntad política choca con la ley, la ley se dobla.

La justicia como arma y escudo

Una de las tesis más inquietantes que confirma el libro es que la justicia dejó de ser un árbitro para convertirse en instrumento. Según el testimonio de Scherer, la Fiscalía General de la República operó no como órgano autónomo, sino como maquinaria de presión política. La fabricación de culpables, la integración dirigida de carpetas y el uso faccioso de figuras procesales no desaparecieron con el cambio de régimen: simplemente cambiaron de destinatario.

La ley se torció para proteger a los leales y castigar a los incómodos. Mientras se diseñaban mecanismos que blindaban políticamente a antiguos adversarios, se perseguía a científicos, exfuncionarios o críticos mediante expedientes endebles. El criterio de oportunidad dejó de ser una herramienta para alcanzar la verdad y se convirtió en moneda de cambio para construir narrativas útiles.

La justicia, en lugar de ciega, se volvió selectiva.

La lección Cienfuegos: cuando la política está por encima de la ley

El episodio más revelador del libro —y quizá el más grave en términos constitucionales— es el caso del general Cienfuegos. Ante la presión institucional del Ejército y la debilidad probatoria del expediente estadounidense, se decidió publicar íntegro un documento confidencial, vulnerando principios básicos del debido proceso.

Ese momento no fue anecdótico; fue doctrinal. Estableció un precedente práctico: la llamada “razón de Estado” justificaba cualquier excepción normativa si estaba en juego la estabilidad política o la alianza con las Fuerzas Armadas.

La misma lógica operó en la creación de la Guardia Nacional. Ante la imposibilidad constitucional de militarizar formalmente la seguridad pública, se diseñó una arquitectura jurídica transitoria que permitió, en los hechos, lo que la Constitución no autorizaba en el papel. No se reformó la realidad para que encajara en la ley; se forzó la ley para que encajara en la realidad.

El suicidio del Poder Judicial

El relato también ofrece claves para entender la actual reforma judicial. Contrario al discurso oficial que presenta a un Poder Judicial irreformable y cerrado al diálogo, el libro sugiere que mientras existió interlocución política y técnica, las reformas avanzaron.

La ruptura no fue estructural, sino política. Cuando la operación institucional fue sustituida por la imposición ideológica y el cálculo de fuerza, los puentes se rompieron. El conflicto escaló no porque el Poder Judicial fuera intrínsecamente disfuncional, sino porque dejó de ser controlable.

La conclusión es incómoda: no se intentó corregir al poder que incomodaba; se optó por neutralizarlo.

El costo de la lealtad

La frase que sintetiza la filosofía de gobierno —“90% lealtad y 10% capacidad”— no es una anécdota retórica. Es la clave explicativa de una administración que privilegió la obediencia sobre la técnica.

Cuando la lealtad al líder se convierte en el principal mérito, la ley estorba. La Constitución se vuelve flexible, interpretativa, prescindible. Las instituciones dejan de ser contrapesos y pasan a ser herramientas.

Ni venganza ni perdón no es solamente el testimonio de una ruptura personal. Es la advertencia de que el Estado de Derecho no colapsa de golpe: se erosiona cuando se normaliza la idea de que la política puede situarse por encima de la ley.

Y cuando esa idea se consolida, la democracia deja de ser un sistema de reglas para convertirse en un sistema de voluntades.