Lorena Mejía          Colectiva Divulvadoras 

Cada 20 de febrero se conmemora el Dia Mundial de la Justicia Social, fecha promovida por las Naciones Unidas en 2007 para reflexionar sobre las desigualdades derechos laborales e inclusión desde la historia, esta conmemoración invita a matizar una idea frecuente, la justicia social no surgió como un principio universal, sino como un resultado de procesos conflictivos, reformas graduales y disputas políticas. Desde el punto de vista de la perspectiva de genero su trayectoria muestra avances importantes, pero también exclusiones persistentes.

Las sociedades preindustriales se organizaron a partir de jerarquías jurídicas y estamentales, los derechos no eran universales, sino corporativos, dependían del estatus, la pertenencia y el privilegio, en ese marco la mayoría de las mujeres no fueron reconocidas como sujeto político autónomo posición legal estaba mediada por figuras masculinas, padre, esposo o tutor y su trabajo se concentraba en unidades domésticas y economías familiares. Con las revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII se consolido el lenguaje de igualdad jurídica. Sin embargo, la noción de ciudadanía activa se definió, en la práctica, sobre parámetros masculinos de propiedad, independencia económica y participación pública.

Durante el siglo XIX, la industrialización transformó las relaciones laborales y familiares, mujeres y menores participaron en el trabajo fabril, muchas veces en condiciones precarias. Las primeras legislaciones laborales de regulación del trabajo infantil no surgieron de manera espontánea, sino de la presión social, debates parlamentarios y organización obrera.

En cuanto al reconocimiento de derechos políticos para las mujeres fue posterior y desigual según la región. El sufragio femenino se incorporo de forma escalonada a lo largo del siglo XX no fue una concesión uniforme ni simultánea. Algo similar ocurrió con el acceso a la educación superior, profesiones liberales y cargos públicos.

Mirar este proceso con perspectiva de genero no implica trasladar categorías actuales al pasado, sino analizar como operaron históricamente las diferencias de sexo en la distribución de derechos, trabajo y representación. También permite observar que gran parte del sostenimiento material de las sociedades, ciudades, crianza, reproducción cotidiana quedó fuera de la contabilidad económica y del reconocimiento jurídico durante largos años.

La historia de la justicia social nos muestra como los derechos se han ampliado desde el conflicto, negociación e institucionalización, también como su alcance no ha sido automático ni total. Recordarlo ayuda a entender la conmemoración no como una celebración, sino como un balance critico de que los derechos tienen historia y esa historia incluye desigualdades de género.

En México, este proceso adquirido formas propias. La Constitución de 1917 incorporó derechos sociales pioneros en materia agraria y laboral, resultado de una revolución impulsada por las demandas campesinas y obreras. Sin embargo, la ciudadanía política no se extendió plenamente a las mujeres sino hasta 1953, cuando se reconoció su derecho al voto a nivel federal, tras décadas de organización, debate publico y exigencia sostenida, A lo largo del siglo XX y lo que lleva del siglo XXI, distintos movimientos sociales han continuado en la búsqueda de la justicia social, mediante huelgas, marchas de protesta y procesos de organización colectiva. Las movilizaciones obreras, los movimientos estudiantiles, las luchas campesinas y las manifestaciones de mujeres contra la violencia y por la igualdad, han puesto en el espacio publico demandas que antes permanecían fuera del reconocimiento jurídico y político. Por lo tanto, la justicia social no ha sido una condición dada, sino una construcción histórica moldeada tanto por las instituciones, como por la acción colectiva de quienes han exigido ser reconocidos como sujetos plenos de derechos. 

En el marco del 20 de febrero día por la Justicia social que atiene a la igualdad de condiciones sin discriminación y en el marco del recién primer informe de la Gobernadora es necesario mirar los retos que en Morelos tenemos, pero también urge mirar los avances. 

En la agenda de los derechos de todos los grupos históricamente vulnerados como: las mujeres, es necesario reforzar las políticas públicas de derechos sexuales y reproductivos, como el acceso al aborto por violación, pero también mirar los programas únicos en el país, que se están implementando en Morelos, como el programa de fortalecimiento para el bienestar de las personas lgbtiq+, que consta de capacitaciones y un incentivo económico único, a cargo de la secretaria de le Mujer, o como los proyectos productivos para mujeres que han vivido violencia.