Por: Otto Alberto Pérez

En México, la desaparición de personas ha mutado de ser una crisis de seguridad pública a convertirse en el síntoma más agudo de la erosión del Estado. No se trata únicamente de la violencia criminal que arrebata vidas, sino de la incapacidad administrativa de las instituciones para registrar, con un mínimo de rigor, lo que ocurre bajo su jurisdicción. Cuando un gobierno no puede contar a sus víctimas, renuncia implícitamente a una de las funciones básicas de la soberanía: el control y conocimiento de su propio territorio.

La esquizofrenia estadística

El diagnóstico reciente de la Plataforma Ciudadana de Fosas —respaldado por la Universidad Iberoamericana, Artículo 19 y Data Cívica— no solo expone cifras, sino que revela una fractura en la arquitectura institucional del país. La disparidad en los registros entre 2023 y 2024 es técnicamente inverosímil y políticamente alarmante.

Mientras que un monitoreo de medios documenta la existencia de 1,006 fosas clandestinas, las fiscalías estatales reportan 1,451 hallazgos. Sin embargo, el dato que desnuda la desconexión federal es el de la Fiscalía General de la República (FGR), que vía transparencia reconoce apenas 94 casos. Esta brecha no es un simple margen de error; es la evidencia de que no existe una política de Estado unificada, sino esfuerzos aislados que operan con metodologías incompatibles.

El abismo se profundiza al revisar los cuerpos recuperados. Medios de comunicación contabilizan más de 2,000 cuerpos y 2,700 restos óseos, frente a los 1,616 reportados por las entidades federativas. Que la FGR reporte el hallazgo de solo 18 fosas en 2024, en contraste con las 786 reportadas por los estados, sugiere dos escenarios y ninguno es alentador: o existe un subregistro deliberado para maquillar la realidad, o la fragmentación burocrática ha provocado que la Federación pierda el pulso de la crisis forense nacional.

Jojutla: La institucionalización del descarte

Si las cifras nacionales ilustran el caos administrativo, el caso de la Zona Sur de Morelos le pone rostro a la negligencia operativa. La intervención en el panteón Pedro Amaro de Jojutla en junio de 2025 ha dejado de ser un procedimiento forense para convertirse en un estudio sobre la simulación gubernamental ocurrida bajo la administración de Graco Ramírez y la indolencia en bajo el mandato de Cuauhtémoc Blanco.

La recuperación de 60 cuerpos adicionales en un espacio supuestamente controlado por el Estado confirma un rezago histórico criminal. Que decenas de cuerpos terminen en el sistema de inhumación estatal sin los protocolos de identificación adecuados no es un error logístico; es una violación sistémica a los derechos humanos que implica, necesariamente, fallas en el registro civil, el sistema de salud y la procuración de justicia.

La suspensión temporal de los trabajos debido al riesgo de colapso de un muro perimetral es la metáfora perfecta de la crisis en Morelos. Colectivos y activistas habían advertido sobre el deterioro estructural de la zona, pero el exfiscal Uriel Carmona Gándara optó por la inacción hasta que el riesgo físico fue inminente. Que argumentara “disponibilidad presupuestal” ante una emergencia humanitaria revela que en la jerarquización de prioridades, la búsqueda de personas ocupó el último escalafón de su agenda.

Sin datos no hay justicia

La crisis que enfrenta el país no admite matices retóricos. La ausencia de un Registro Nacional de Fosas público, homologado y actualizado —pese a ser un mandato legal vigente— impide la construcción de cualquier política pública seria. Sin un diagnóstico certero, las acciones de gobierno se reducen a “bomberazos” reactivos y simulación mediática.

Lo sucedido en Jojutla sienta un precedente funesto para la nueva administración pública. Si las instituciones son incapaces de garantizar la seguridad de los peritos y las familias por la falta de mantenimiento a una barda, y si no pueden explicar cómo decenas terminaron en el anonimato de una fosa común, el mensaje es devastador: en Morelos, la burocracia normalizó la desaparición administrativa.

La pregunta de fondo ya no es cuántas fosas existen, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse la legitimidad de un sistema de justicia cuya “verdad histórica” depende de qué base de datos se decida consultar. Mientras la aritmética oficial no coincida con la realidad que exhuman las palas de las buscadoras, el Estado seguirá siendo, por omisión o incompetencia, un espectador pasivo de su propia tragedia.