Por Carolina Ruiz Rodríguez*

Venezuela, una vez considerada una de las economías más prometedoras de América Latina por su abundancia petrolera, vive hoy una profunda crisis multifactorial que ha transformado el día a día de sus ciudadanos en una lucha constante por la supervivencia.

Esta nación, que durante décadas fue destino de migrantes, se ha convertido desde hace 15 años en el principal expulsor de personas en todo el continente americano. Cada vez son más las familias que toman la dolorosa decisión de abandonar su tierra, no en busca de un sueño, sino simplemente para sobrevivir.

De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales de protección humanitaria, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de ocho millones de venezolanos han salido del país en los últimos años, configurando uno de los desplazamientos humanos más grandes del mundo en tiempos de paz. La mayoría ha buscado refugio en países vecinos como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, mientras que otros han migrado hacia Estados Unidos y diversas naciones europeas, principalmente España.

La raíz de este éxodo masivo se encuentra en una crisis económica estructural que ha afectado la vida cotidiana. Informes de organismos internacionales como World Vision, coinciden en que Venezuela ha enfrentado hiperinflación prolongada, salarios insuficientes, escasez de alimentos y desabasto de medicamentos, condiciones que impiden a millones de personas cubrir siquiera sus necesidades básicas. La pérdida del poder adquisitivo, el encarecimiento extremo del costo de vida y la fragilidad del sistema de salud han convertido lo cotidiano en una carrera permanente por la subsistencia.

A ello se suma el colapso del aparato productivo nacional. Diversas investigaciones de organismos internacionales de desarrollo, como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la propia ACNUR, señalan que sectores clave como la industria, la agricultura y los servicios han sufrido una contracción profunda, generando desempleo estructural, informalidad y pérdida de ingresos familiares. En amplias regiones del país, el trabajo formal dejó de ser garantía de estabilidad, y el salario ya no representa un mecanismo real de protección social.

La crisis no se limita al ámbito económico. Diversos informes de Naciones Unidas y organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado un deterioro progresivo de las libertades civiles, un debilitamiento de las instituciones democráticas y un entorno político marcado por la concentración del poder, la represión y la ausencia de contrapesos efectivos. Esta realidad ha generado un clima de miedo, desconfianza e incertidumbre que también empuja a miles de personas a abandonar su país.

El colapso de los servicios públicos completa el cuadro de expulsión social. Estudios de agencias humanitarias como la Organización Internacional de Migraciones (OIM), señalan que amplias zonas del territorio enfrentan fallas constantes en el suministro de agua, electricidad, transporte y atención médica, lo que impacta directamente en la calidad de vida. En muchos hogares, la carencia de servicios básicos ya no es una excepción, sino una condición permanente.

Esta combinación de factores —crisis económica, colapso institucional, deterioro de derechos, precariedad social y descomposición de servicios— ha construido un escenario donde quedarse dejó de ser una opción viable para millones de personas. Migrar ya no es una aspiración de mejora, sino la única opción que les queda a muchos venezolanos.

Las rutas de salida reflejan la magnitud del drama humano: familias completas que cruzan fronteras terrestres, personas que caminan cientos de kilómetros, madres con hijos pequeños que abandonan su hogar sin certezas, jóvenes que migran solos con la esperanza de enviar recursos a quienes se quedan. De acuerdo con agencias de la ONU, una parte importante de la población venezolana en tránsito enfrenta condiciones de vulnerabilidad, precariedad laboral y riesgos humanitarios durante su desplazamiento.

Venezuela se ha convertido así en un caso emblemático del colapso interno de un Estado que dejó de ofrecer condiciones mínimas de vida digna. El éxodo venezolano no es un fenómeno coyuntural ni temporal: es la consecuencia directa de un proceso prolongado de deterioro económico, político y social que ha roto el vínculo entre el Estado y su población.

Para millones de venezolanos, la decisión de partir no nace del deseo de migrar, sino de la necesidad de proteger la vida, la salud, la alimentación, el futuro de sus familias y la propia libertad. Porque cuando un país deja de garantizar lo básico, quedarse deja de ser un derecho posible y migrar se convierte, dolorosamente, en la única alternativa.

* Diputada local y Presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el H. Congreso del Estado de Morelos.