Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

La narrativa oficial de la “defensa de la soberanía” colapsó esta semana. No frente a una invasión militar ni ante una crisis diplomática abierta, sino frente a una realidad mucho más reveladora: la incapacidad del Estado mexicano para ejercer su función jurisdiccional básica. Entre el 18 y el 24 de enero de 2026, el gobierno de México confirmó que su prioridad no es impartir justicia, sino subcontratarla. Y lo más grave es que no fue un hecho aislado.

El traslado de 37 operadores criminales a Estados Unidos, concretado la madrugada del 21 de enero y coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es solo el capítulo más reciente de una estrategia que inició silenciosamente el año pasado. Este operativo se suma a los realizados en noviembre y diciembre de 2025, configurando una trilogía de claudicación: tres episodios consecutivos que, en menos de un trimestre, suman ya 98 entregas masivas.

No estamos ante una cooperación excepcional, sino frente a una nueva política pública sostenida: la externalización sistemática de la justicia penal mexicana.

Presentadas mediáticamente como actos de fuerza, estas entregas constituyen, desde una lectura constitucional y penal, una confesión implícita de Estado fallido. Al justificar los traslados bajo el argumento de que los detenidos “seguían operando desde prisión”, el propio Estado reconoce que no controla su sistema penitenciario ni puede ejecutar eficazmente las penas que impone. La respuesta, en lugar de corregir la falla estructural, ha sido deshacerse del problema enviándolo al norte.

Eso no es gobernar. Es abdicar.

Desde la óptica del Estado de Derecho, el precedente es alarmante. No porque se defiendan intereses criminales, sino porque se erosionan principios que protegen a toda la sociedad. Estas entregas aceleradas —frecuentemente encubiertas como expulsiones por razones de seguridad nacional para evitar los procedimientos formales de extradición— vulneran el debido proceso, el principio de legalidad y el de territorialidad de la ley penal.

Pero la afectación más grave no es procesal, sino sustantiva: recae directamente sobre las víctimas mexicanas.

Al enviar a estos detenidos a enfrentar cargos exclusivamente ante autoridades extranjeras, el Estado mexicano renuncia a juzgarlos por los delitos cometidos en su territorio. En el extranjero responderán por narcotráfico y delincuencia organizada en función del daño causado a otro país; no por los homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones y violaciones graves a derechos humanos cometidas en México. Se intercambia justicia por conveniencia. Se sacrifica verdad y reparación del daño por eficacia administrativa.

Con estos tres traslados consecutivos, queda claro que la competencia penal mexicana ha sido desplazada de facto. Ya no decidimos plenamente a quién juzgar, cómo juzgarlo ni en qué momento. Detenemos, clasificamos y transferimos. La soberanía judicial se ha convertido en moneda de cambio frente a presiones externas en materia de seguridad, comercio y política internacional.

La persecución penal dejó de responder a una lógica constitucional interna y pasó a alinearse con prioridades ajenas. Esto no es cooperación jurídica equilibrada; es subordinación operativa. México conserva la retórica de soberanía, pero ha cedido el ejercicio efectivo de su potestad punitiva.

Nadie objeta la necesidad de blindar la seguridad hemisférica; lo inaceptable es la mentira oficial que disfraza de soberanía lo que es simple obediencia.

El caso de Ryan Wedding ilustra con claridad esta nueva normalidad. Exatleta olímpico canadiense, convertido en operador de tráfico internacional de drogas, fue presentado como un criminal de alto perfil global. Más allá de la narrativa mediática, el dato jurídico relevante es otro: su destino estuvo definido desde el inicio. No enfrentar un proceso penal integral en México, sino un traslado inmediato a otra jurisdicción.

En el México actual, los criminales de alto perfil ya no enfrentan juicios nacionales; enfrentan cambios de código postal. La justicia se reduce a logística y la soberanía a trámite administrativo.

Si el gobierno cree que enviar sistemáticamente a sus detenidos a cárceles extranjeras es una política de seguridad, se equivoca. Lo que está consolidando es la idea de que en México la justicia no funciona y que la única autoridad penal efectiva es la externa.

Esto no es transformación institucional. Es claudicación judicial.