Morena y la disonancia llamada Cuauhtémoc Blanco

Por Otto Alberto Pérez

La trayectoria política de Cuauhtémoc Blanco Bravo representa uno de los desafíos más complejos para la narrativa del gobierno federal. Lo que inició como un experimento de mercadotecnia electoral en 2015 por los hermanos Julio y Roberto Yañez, se ha transformado en caso sobre cómo el sistema de justicia en México puede ser neutralizado mediante el uso estratégico del fuero constitucional, la lealtad partidista y la suma electoral.

Corrupción desde el origen

La legitimidad de Blanco Bravo ha estado en entredicho desde su origen. En 2016, se denunció un contrato de 7 millones de pesos firmado con el Partido Socialdemócrata (PSD) para aceptar la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca, sin contar con la residencia efectiva, uno de los requsitos para participar en la contienda. Esta transacción demostró que los vacíos legales conviertieron el poder público como un activo comercializable. Bajo esta lógica, su administración en Morelos (2018-2024) operó mediante un círculo de corrupción cerrado liderado por su medio hermano Ulises Bravo y operadores como José Manuel Sanz, quienes gestionaron el estado bajo el amparo del carisma deportivo del mandatario.

Otra más de impunidad: El Caso “Botox”

El análisis de la seguridad de la gestión de Blanco Bravo en Morelos revela una contradicción entre el discurso oficial y los informes de inteligencia militar. Documentos de la Sedena, obtenidos por las filtraciones de “Guacamaya”, detallan que el 28 de agosto de 2018, César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”(líder de “Los Viagras”), fue detenido por primera vez en una propiedad de Samuel Sotelo Salgado, quien fungiría como Consejero Jurídico y Secretario de Gobierno de Blanco. El inmueble, ubicado en el fraccionamiento Maravillas de Cuernavaca, a escasos metros de una de las sedes del Congreso del Estado, figura en el Registro Público a nombre del exfuncionario, evidenciando una cercanía estructural entre el gabinete y actores delictivos de Tierra Caliente.

El costo humano de la gestión de Blanco Bravo se documenta en más de 6,400 homicidios dolosos, un incremento del 60% respecto al sexenio previo, y récords nacionales en feminicidios, Morelos ocupó el primer lugar en este delito. Ante esto, el expresidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo un respaldo sistemático, calificando las denuncias como una “guerra sucia” impulsada por el ex fiscal Uriel Carmona Gándara y el exmandatario Graco Ramírez.

El Caso Nidia Fabiola “N”

El otro expediente incomodo para la congruencia de la llamada “Cuarta Transformación” es la denuncia por presunta tentativa de violación interpuesta por su media hermana, Nidia Fabiola “N”, por hechos ocurridos en diciembre de 2023 en la Residencia Oficial. Este caso confronta directamente el discurso de igualdad sustantiva de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras el Ejecutivo federal promueve reformas para elevar a rango constitucional la protección de las mujeres y fortalecer la Secretaría de las Mujeres, el Legislativo —bajo el control de Morena— mantiene el fuero de un diputado acusado de violencia sexual. Al bloquear el juicio de procedencia en marzo de 2025 bajo argumentos técnicos, la mayoría parlamentaria envió un mensaje de selectividad: la protección de un aliado político con peso electoral prevalece sobre la seguridad y dignidad de las víctimas.

El Costo Electoral del Silencio

La postura institucional de la administración de Claudia Sheinbaum, aunque más distante que la de su antecesor, mantiene la protección sistematica a Cuauhtémoc Blanco. Este blindaje permite que el “pacto político” prevalezca sobre la rendición de cuentas por desvíos detectados —que ascienden a 323 millones de pesos en salud y 40 millones en fideicomisos estatales—.

El caso de Cuauhtémoc Blanco demuestra que el fuero ha dejado de ser una protección a la función pública para convertirse en una amnistía de facto. El posible costo electoral para Morena en Morelos no vendrá de la oposición, sino de la erosión de su propia base ética y del sector femenino, que observa cómo el lema de “no mentir, nor robar y no traicionar” se vulnera al validar una gestión marcada por corrupción, nexos criminales, desfalcos financieros y el resguardo de un presunto agresor sexual.