¿Riesgo de autoritarismo?

Por Otto Alberto Pérez

La elaboración de la reforma electoral impulsada por la Presidencia de la República detonó tensiones entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al tiempo que abrió un debate sobre el alcance de los cambios propuestos al sistema electoral. Las posturas divergentes de los partidos aliados, los cuestionamientos de la oposición y las declaraciones de funcionarios federales encargados del proyecto colocan en discusión la relación entre la iniciativa, la autonomía institucional y la preservación de los contrapesos democráticos en México.

Las diferencias al interior de la coalición oficialista se hicieron visibles desde el interior de las propias fuerzas políticas. El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, sostuvo que no existe aún una iniciativa formal y que su partido no ha comprometido su respaldo. En contraste, el dirigente nacional y vitalicio del PT, Alberto Anaya, afirmó en un comunicado que su partido apoyará la propuesta del gobierno federal. Ambas posturas reflejan una falta de definición política y sugieren que el acompañamiento del PT no se encuentra plenamente consensuado, ni siquiera entre sus militantes.

El PVEM, por su parte, expresó un desacuerdo más explícito. El senador Luis Armando Melgar declaró que su partido desconoce a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, como interlocutor para la negociación de la reforma electoral. El Verde exigió diálogo directo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, o con la presidenta Claudia Sheinbaum, y advirtió que su respaldo legislativo no debe asumirse como garantizado. Esta postura suma mayor incertidumbre a la viabilidad política de la iniciativa.

A estas tensiones se agregan las declaraciones del presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien advirtió que la reducción del financiamiento público a los partidos, sin un fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, puede debilitar la supervisión del origen de los recursos en las campañas y abrir la posibilidad de filtración del crimen organizado. Este planteamiento apunta a un posible desbalance entre competencia electoral y control institucional.

El eje más sensible del debate se encuentra en el futuro del Instituto Nacional Electoral. Ante consejeros del INE, Pablo Gómez Álvarez, encargado de la comisión presidencial para la reforma electoral, sostuvo que un órgano administrativo no debería ser autónomo, sino únicamente independiente en sus resoluciones. Este planteamiento se contrapone a la posición de los consejeros electorales, incluida la presidenta Guadalupe Taddei Zavala, quienes defendieron la autonomía como un componente central del sistema electoral y como garantía frente a la intervención del poder político.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum negó que la reforma tenga un propósito de concentración de poder o de debilitamiento democrático, la combinación de varios elementos genera cuestionamientos relevantes: la reducción del financiamiento público, la redefinición del papel del árbitro electoral y la posibilidad de que el Ejecutivo impulse cambios sin consensos amplios. En conjunto, estos factores han sido interpretados por distintos actores como señales de un rediseño institucional que podría disminuir los contrapesos que hoy limitan la influencia del gobierno en los procesos electorales.

El debate sobre la reforma electoral trasciende el contenido técnico de la iniciativa y trasciende a una discusión política más amplia. Las fisuras dentro de la coalición Morena-PT-PVEM, las advertencias de la oposición y las declaraciones de Pablo Gómez sobre la autonomía del INE plantean dudas sobre la concentración de poder y el rumbo de los próximos comicios. El curso de la reforma y la forma en que se construyan los acuerdos legislativos definirán si los cambios fortalecen el sistema electoral o confirman un proceso de debilitamiento de la democracia mexicana.