Por Otto Alberto Pérez

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Morelos para la presentación de cifras oficiales sobre seguridad colocaron en la agenda pública un balance positivo en la reducción de delitos de alto impacto durante 2025.

Los datos fueron expuestos en Cuernavaca, con la participación de la gobernadora Margarita García Saravia y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Sin embargo, estas cifras se deben contrastar con los resultados de las gestiones de los ediles de los municipios más poblados del estado, donde los indicadores locales crean en la percepción ciudadana un escenario distinto.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una disminución de 26 por ciento en el homicidio doloso en promedio diario respecto a 2024. También se reportaron reducciones en feminicidio, robo a transportista, robo de vehículo con violencia, robo a transeúnte con violencia y robo a negocio con violencia. A ello se suman los datos operativos presentados por Omar García Harfuch: 659 personas detenidas, 459 armas aseguradas, 959 kilogramos de droga decomisados y cuatro laboratorios desmantelados en Morelos.

Estos números reflejan una estrategia federal que produce resultados medibles. Empero, desde una perspectiva distinta, el análisis queda incompleto si no se observa el desempeño de los gobiernos municipales, donde la ciudadanía experimenta de forma directa los efectos de la inseguridad.

Cuernavaca es un ejemplo claro de esta disonancia. De enero a noviembre de 2025, el municipio registró 126 homicidios dolosos, la cifra más alta del estado, y 1,296 robos de vehículo, también el primer lugar en Morelos. Estos datos conviven con una evaluación negativa de su gobierno municipal. Según el Ranking de Alcaldes de Consulta Mitofsky de agosto de 2025, 53.1 por ciento de la población desaprueba la gestión de José Luis Urióstegui Salgado.

La percepción ciudadana confirma esta tendencia. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI ubica a Cuernavaca como la quinta ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país. Entre marzo y septiembre de 2025, este indicador aumentó de 80.3 a 84.2 por ciento. En el mismo periodo, la proporción de personas que reportaron conflictos o situaciones relacionadas con inseguridad pasó de 26.9 a 32.9 por ciento. La explicación ofrecida por el alcalde, centrada en la metodología de la medición, no ha modificado la lectura social de estos resultados y tampoco sobre su gris gestión.

En Cuautla, el escenario es igualmente revelador. El municipio acumuló 116 homicidios dolosos entre enero y noviembre de 2025, lo que lo colocó en el segundo lugar estatal. En extorsión, ocupa el primer sitio nacional en denuncias. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, de enero a octubre se registraron 214 casos, 93 más que en el mismo periodo de 2024. A ello se suma que, según información oficial del gobierno estatal, solo cuatro cámaras de vigilancia se encontraban en operación para toda la ciudad.

La evaluación ciudadana refleja este contexto. El alcalde Jesús Corona Damián registra una desaprobación de 70 por ciento, de acuerdo con Consulta Mitofsky. Desde el inicio de su administración, su gestión ha estado acompañada por señalamientos públicos y por investigaciones anunciadas por la Fiscalía General de la República, sin que hasta ahora se conozcan resultados oficiales.

Observamos que esta brecha entre cifras estatales y realidad municipal explica por qué los informes oficiales no son plenamente reconocidos por la ciudadanía. La población no evalúa la seguridad con promedios estatales, sino con lo que ocurre en su colonia, en su calle y en su municipio.

Los datos presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, muestran avances que deben reconocerse en el ámbito federal y estatal. Sin embargo, mientras los gobiernos municipales de Cuernavaca y Cuautla mantengan indicadores elevados de violencia, extorsión y desaprobación ciudadana, la percepción de inseguridad seguirá siendo alta.

La avances de seguridad no serán perceptibilidades sin resultados locales que sean visibles para la población. Sin ese eslabón municipal, los esfuerzos federales y estatales difícilmente lograrán traducirse en confianza ciudadana.