SILENCIO, DISTORSIÓN Y PODER ANTE LA VIOLENCIA EN MORELOS
Por Daniel Alcaraz
El comunicado emitido por la diputada federal Sandra Anaya Villegas, lejos de aclarar lo ocurrido en el restaurante Mariscos Tía Licha de Temixco, abre más dudas que certezas. La narrativa oficial intenta minimizar un hecho violento que, por su gravedad y contexto, exige algo más que un deslinde administrativo y un llamado genérico a la prudencia. Cuando un espacio público ligado a una figura política es escenario de un ataque, la responsabilidad pública no se agota en decir que los comensales no murieron.
Resulta preocupante que una representante popular que presume sensibilidad ante la inseguridad evite alzar la voz para denunciar con firmeza la violencia creciente que padecen miles de familias y negocios en Morelos. El silencio político, sobre todo cuando el miedo se normaliza, termina siendo una forma de complicidad pasiva. Minimizar el hecho como un evento ajeno al restaurante no solo desinforma, también diluye la urgencia de enfrentar un problema estructural que ya alcanzó a la esfera del poder.
Existen versiones directas de comensales que contradicen frontalmente el comunicado. Testimonios señalan que sujetos armados ingresaron al interior del restaurante y abrieron fuego, hiriendo a balazos a 4 personas, lo que cambiaría por completo la dimensión del ataque y evidenciaría una grave distorsión de los hechos. Si esto es cierto, no se trata de un matiz menor, sino de una omisión deliberada que busca proteger una imagen política a costa de la verdad y de la seguridad colectiva.
Más grave aún es la versión que apunta a una posible agresión relacionada con el cobro de piso. De confirmarse, estaríamos ante una señal alarmante del grado de control que ejerce el crimen organizado sobre la actividad económica local. Que una diputada federal, con acceso a tribuna, a medios y a instancias de seguridad, no denuncie públicamente una extorsión de esta naturaleza sería éticamente inaceptable y políticamente indefendible. El mensaje implícito sería devastador para los pequeños comerciantes que sí padecen la extorsión y no tienen protección ni voz.
El contexto político tampoco puede ignorarse, ya que Anaya forma parte del círculo cercano del diputado federal Pedro Haces, personaje recurrentemente señalado por sus vínculos de poder y por señalamientos que lo colocan bajo sospecha en distintas investigaciones periodísticas. En ese marco, la opacidad y el control del relato no parecen casuales, sino funcionales a una lógica de protección mutua dentro de un grupo político que rehúye el escrutinio público.




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