Por Carolina Ruiz Rodríguez *

Este año 2026 ha iniciado, una vez más, con hechos que han sacudido conciencias y obligan a una reflexión profunda sobre el rumbo que está tomando la política migratoria en los Estados Unidos y en todo nuestro continente.

El pasado 7 de enero de 2026, en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, Estados Unidos, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una mujer perdió la vida tras recibir un disparo por parte de un agente federal. De acuerdo con los reportes iniciales, la mujer se encontraba al volante de su camioneta y habría obstruido el paso de las autoridades durante una redada dirigida contra personas migrantes. El gobierno federal acusó a la víctima de formar parte de una supuesta “red de terrorismo doméstico”. Más allá de las versiones oficiales, el desenlace es lamentable: una vida se perdió en un contexto que nunca debió escalar hasta la violencia letal.

Este acontecimiento no puede analizarse como un hecho aislado. Se inscribe en un entorno cada vez más tenso y violento, donde la migración ha dejado de ser entendida como un fenómeno social y humano para convertirse en un asunto de seguridad, confrontación y cálculo político. La normalización del uso de la fuerza en operativos antiinmigrantes refleja un deterioro preocupante de los principios que deberían regir cualquier política pública en materia de derechos humanos.

No es casual que este incidente haya ocurrido en Minnesota, un estado gobernado por el Partido Demócrata, donde tanto el alcalde de Minneapolis como el gobernador, han solicitado públicamente el retiro de los agentes del ICE de su territorio. Esta postura evidencia una fractura profunda entre los distintos ámbitos de gobierno en Estados Unidos y deja al descubierto una realidad incómoda: las redadas y la estrategia de sembrar miedo en las calles contra las personas migrantes también forman parte de una disputa política interna.

Cuando la migración se utiliza como herramienta de confrontación ideológica o, peor aún, electoral, las consecuencias son graves. Las personas migrantes dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en símbolos, mensajes o simples cifras. En ese escenario, el miedo sustituye al diálogo, la fuerza reemplaza a la política pública y la deshumanización se vuelve práctica cotidiana. El resultado es un clima social enrarecido, donde no sólo las comunidades migrantes viven en riesgo e incertidumbre, sino la sociedad en su conjunto.

A este panorama se suma un contexto internacional complejo. La tensión en la relación entre Estados Unidos y Venezuela —uno de los principales países expulsores de migrantes en nuestro continente— continúa cerrando espacios para soluciones regionales coordinadas. Las crisis políticas, económicas y sociales en distintos países de América siguen empujando a miles de personas a abandonar sus hogares, mientras las respuestas institucionales se endurecen, se fragmentan y, en muchos casos, pierden de vista el enfoque humanitario.

La migración no surge por capricho ni terminará por decreto. Es consecuencia de desigualdades profundas, de la falta de oportunidades, de la violencia y de la ausencia de condiciones mínimas para una vida digna. Pretender atender este fenómeno únicamente mediante operativos, redadas, cierres de fronteras y discursos que criminalizan a las personas migrantes no sólo es ineficaz, sino profundamente injusto.

Desde México, y particularmente desde Morelos, no podemos ni debemos permanecer indiferentes. Nuestro país conoce de primera mano la complejidad del fenómeno migratorio: somos nación de origen, tránsito, destino y retorno. Por ello, tenemos la responsabilidad ética y política de alzar la voz cuando la dignidad humana se ve amenazada, sin importar en qué territorio ocurra.

Como presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el Congreso del Estado de Morelos, considero indispensable insistir en que una política migratoria eficaz no puede construirse desde el miedo, la violencia institucional ni a partir de estrategias electorales. Debe basarse en el respeto irrestricto a los derechos humanos, en la cooperación entre naciones y en el reconocimiento de que detrás de cada persona migrante hay una historia, una familia y la esperanza legítima de una vida mejor.

La muerte de esta mujer en Minneapolis, así como el destino de cerca de ocho millones de venezolanos fuera de su país, no deben convertirse en simples datos estadísticos ni en el preludio de un año marcado por el endurecimiento de posturas políticas y la deshumanización del fenómeno migrante.

* Diputada local en el Estado de Morelos y presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes del H. Congreso del Estado de Morelos.