Por Dr. Ángel Darién Zapata Marín

El derecho internacional nació con la promesa de ordenar la convivencia entre los Estados, limitar el uso de la fuerza y proteger la dignidad humana más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, los acontecimientos contemporáneos revelan una crisis profunda de ese andamiaje normativo, particularmente cuando se enfrenta a los intereses estratégicos de las grandes potencias o a la impunidad de regímenes autoritarios. 

La postura de Estados Unidos respecto a Groenlandia, la inacción efectiva frente a dictaduras violatorias de derechos humanos y la incapacidad de detener la guerra en Ucrania, entre otros ejemplos, son síntomas de un mismo problema estructural: el debilitamiento del derecho internacional frente al poder político, militar y económico.

El fracaso del sistema no solo se evidencia en las ambiciones de las potencias democráticas, sino en su absoluta parálisis frente a la barbarie. La guerra en Ucrania y la consolidación de regímenes dictatoriales que violan derechos humanos sistemáticamente son pruebas fehacientes de que el Consejo de Seguridad de la ONU es, hoy por hoy, un mecanismo anacrónico. La capacidad de veto y la realpolitik han permitido que naciones con regímenes opresores actúen con total impunidad, mientras la comunidad internacional observa desde la periferia de los discursos vacíos.

Por ello, muchos sentimos que el orden internacional contemporáneo atraviesa una profunda crisis de legitimidad que parece convertir los tratados y sus organismos internacionales en piezas de museo, pues lo que alguna vez se proyectó como un andamiaje para la paz y la justicia, hoy no aporta certidumbre frente a los actores dominantes del sistema internacional y local (tiranos y dictadores), ya que la comunidad internacional ha sido incapaz para actuar de manera eficaz frente a regímenes dictatoriales que, durante décadas, han cometido violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos –el principio de autodeterminación de los pueblos no debe usarse como una cheque en blanco por parte de los dictadores para destruir a sus ciudadanos-. 

Las resoluciones, condenas y sanciones simbólicas rara vez se traducen en cambios reales cuando existen intereses económicos, alianzas estratégicas o vetos en los organismos multilaterales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diseñado como garante último de la paz, se convierte con frecuencia en un espacio paralizado por el uso discrecional del poder de veto, lo que socava su legitimidad y eficacia.

La ambición de Estados Unidos sobre Groenlandia es un síntoma de este fenómeno. Aunque se presente bajo la narrativa de la seguridad hemisférica o la cooperación económica, el interés por la isla —territorio autónomo del Reino de Dinamarca— revela una visión geopolítica donde la soberanía es un concepto elástico frente a la superioridad económica y militar. 

Estamos ante una paradoja peligrosa: el derecho internacional mengua frente a la fuerza política y económica. Cuando las potencias deciden qué leyes obedecer y los dictadores comprenden que la “condena internacional” no tiene consecuencias tangibles, el sistema se desmorona, lo que nos lleva a una encrucijada ética y pragmática: ¿Debemos seguir esperando que los “buenos deseos” y los foros diplomáticos resuelvan crisis que solo entienden de fuerza?, ¿Cómo enfrentar fenómenos como el del Estado Islámico y de grupos paramilitares que constituyen auténticas milicias financiadas o apoyadas por naciones extranjeras?, ¿Qué hacer ante los escenarios generados por las denominadas guerras proxy (sabotaje internacional de una nación a otra)?. El dilema no es menor, actuar al margen de los tratados para detener una atrocidad o una expansión injustificada implica transgredir la misma legalidad que se pretende defender, pero seguir aferrados a un formalismo que permite el genocidio o la anexión territorial es una forma de complicidad.

Tal vez el desafío central de nuestro tiempo no sea elegir entre legalidad o acción, sino repensar profundamente el derecho internacional para dotarlo de mecanismos reales de cumplimiento.  Sin una voluntad colectiva que trascienda dichos intereses y sin herramientas efectivas de cumplimiento, el derecho internacional corre el riesgo de transformarse en una herramienta ineficaz frente a la asimetría del poder, perdiendo por tanto su función normativa y transformándose sólo en un mero marco discursivo. 

Cuando el derecho se muestra insuficiente para frenar la fuerza y la política desborda a la norma, la responsabilidad histórica no es insistir en el discurso, sino repensar y reconstruir el orden jurídico internacional.