Por Sandra Medina

 Las estadísticas dadas a conocer por el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA) revelan un panorama preocupante sobre la situación de la juventud en diversos municipios: Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata y Tlaltizapán concentran el mayor número de adolescentes involucrados.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2025, 141 jóvenes estuvieron involucrados en 178 delitos, varios de ellos de alto impacto social.

De acuerdo con datos de la Unidad de Estadística del TUJPA, el narcomenudeo encabeza la lista de delitos, con 81 casos, lo que evidencia la creciente penetración del crimen organizado entre menores de edad. A esta cifra se suman delitos como robo calificado, robo de vehículo y posesión de vehículo robado, además de otros ilícitos de extrema gravedad como violación, abuso sexual, homicidio calificado, tentativa de homicidio, extorsión agravada y corrupción de menores.

Los hechos confirman la expansión territorial de la delincuencia juvenil en demás municipios, incluso se registraron casos fuera de Morelos, en entidades como Puebla, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México.

El informe también exhibe un marcado predominio masculino, con 124 hombres frente a apenas 17 mujeres, siendo los adolescentes de 17 años el grupo más recurrente, lo que pone en entredicho la efectividad de las políticas de prevención dirigidas a este grupo de edad. 

En el ámbito social, los datos resultan igualmente alarmantes: una parte significativa de los adolescentes apenas cuenta con educación básica, mientras que otros ni siquiera tienen registro escolar. En cuanto a su ocupación, la mayoría se desempeña en oficios informales o no tiene actividad definida, reflejando un contexto de exclusión, precariedad y falta de oportunidades.

Particularmente grave es el consumo de sustancias: 55 adolescentes admitieron consumir drogas, principalmente marihuana y cristal, sustancias asociadas con conductas violentas y redes delictivas, lo que agrava aún más el escenario.

Aunque el TUJPA reporta la realización de acciones de prevención social, como ferias, conferencias y actividades educativas, con un supuesto alcance de más de 106 mil personas, las cifras delictivas ponen en duda la efectividad real de estas estrategias, ya que la participación de adolescentes en delitos graves no muestra una disminución clara.

Los datos oficiales dejan al descubierto una problemática estructural que va más allá de las estadísticas: la ausencia de políticas públicas integrales, fallas en el sistema educativo, falta de atención a las adicciones y un entorno social que sigue empujando a los adolescentes hacia la delincuencia, mientras las instituciones se limitan a reportar números sin resultados contundentes.