Por Otto Alberto Pérez

La gestión de Ulises Lara López al frente de la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelos estuvo marcada por la falta de resultados concretos en las investigaciones de alcaldes de la entidad vinculados a delitos graves.

A pesar de que, desde mayo de 2025, se abrieron expedientes contra varios presidentes municipales morelenses, durante su periodo al frente de la FGR Morelos, las investigaciones no avanzaron, dejando en evidencia la impunidad y la falta de compromiso con el cargo que le fue asignado. Esto, sumado a las irregularidades académicas que han marcado su ascenso en la carrera judicial, plantea serias dudas sobre su desempeño y la imparcialidad con la que ha dirigido su carrera judicial.

Investigaciones estancadas

El 9 de mayo de 2025, Hugo Bello Ocampo, delegado de la FGR en Morelos, reveló que al menos cinco alcaldes estaban siendo investigados, algunos por vínculos con la delincuencia organizada y otros por portación ilegal de armas. Días después de esta declaración, Bello Ocampo fue relevado del cargo. Sin embargo, a pesar de las acusaciones graves, las investigaciones durante la gestión de Ulises Lara no avanzaron. Los alcaldes continuaron en sus cargos sin enfrentar consecuencias, reflejando una preocupante impunidad.

Alcaldes investigados

Según la FGR, el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, es investigado por sus presuntos nexos con grupos criminales involucrados en el narcotráfico. Las indagatorias apuntaban a su participación en el tráfico de drogas y al posible uso de su cargo para facilitar actividades ilícitas. A pesar de que se presentaron pruebas, como un video en el que se le ve con un presunto líder del Cártel de Sinaloa, no se tomaron medidas contra el edil. El caso permanece archivado.

Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, fue señalado por presuntos vínculos con organizaciones delictivasque operan en la región. Las autoridades federales abrieron una carpeta de investigación por delitos de narcotráfico y corrupción, pero al igual que en el caso de Corona Damián, no hubo avance alguno. El alcalde continuó en funciones sin enfrentar cargos.

Por su parte, Enrique Alonso Plascencia, presidente municipal de Tlaquiltenango, fue investigado por la posesión ilegal de armas. A pesar de las evidencias de que su administración estaba vinculada con grupos armados, no se supo nada sobre el avance de las investigaciones y el alcalde continuó en el cargo.

Irregularidades académicas y ascensos cuestionados

Además de la inacción en los casos de los alcaldes, el ascenso de Ulises Lara López a puestos de alto nivel en la FGR estuvo marcado por irregularidades académicas. Lara obtuvo su cédula profesional de Licenciado en Derecho en enero de 2024, pero previamente ya ocupaba importantes cargos dentro del sistema judicial sin cumplir con los requisitos necesarios. Su formación académica previa consistía en una licenciatura en Sociología por la UNAM, además de diplomados y maestrías en áreas afines. Sin embargo, no contaba con una licenciatura en Derecho, que es un requisito básico para desempeñar funciones como fiscal o delegado de la FGR.

La FGR como instrumento político

La FGR en Morelos no solo falló en su deber de investigar y sancionar a los alcaldes implicados en actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado, sino que también se utilizó como una agencia de colocación para allegados y familiares cercanos a la familia Batres Guadarrama. Ulises Lara fue pareja sentimental y padre del hijo de la de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres.

La falta de acción frente a los alcaldes involucrados con el crimen organizado y el tráfico de influencias dentro de la institución refleja cómo la FGR fue usada para proteger intereses personales, más que para cumplir con su misión constitucional.

La falta de transparencia en los nombramientos y el uso de la FGR como una herramienta política para colocar a allegados han minado la confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

Un ascenso polémico

Recientemente, Ulises Lara fue designado por Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, como Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, cargo encargado de litigar los casos más importantes para el Estado mexicano. Esta promoción, que se dio durante su gestión en Morelos, ha sido vista por muchos como una recompensa por su lealtad política y familiar, más que por méritos objetivos. Este nuevo ascenso refuerza la idea de que, bajo la administración de Godoy, la FGR operará más como un refugio para intereses políticos y familiares, que como una institución comprometida con la justicia.