Por Carolina Ruiz Rodríguez *

Si México aspira a una política migratoria eficaz, eficiente y humana, el segundo gran cambio de paradigma debe ser abandonar la criminalización y avanzar hacia la regularización e integración.

Diversos países han demostrado que la regularización migratoria no genera desorden; por el contrario, produce estabilidad, formalidad y gobernabilidad. Cuando una persona migrante accede a un permiso de residencia y trabajo, deja de ser invisible para el Estado y se convierte en sujeto de derechos y obligaciones.

En México, miles de personas migrantes ya participan activamente en la economía, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción, los servicios y el turismo. Sin embargo, lo hacen en condiciones de vulnerabilidad, sin seguridad social y bajo constante amenaza. Regularizar no es premiar la ilegalidad; es reconocer una realidad que ya existe y que debe ser administrada con responsabilidad.

Otro elemento clave es la integración local. La migración no puede seguir tratándose como un asunto exclusivo del gobierno federal. Estados y municipios —especialmente los de tránsito y destino— requieren recursos, atribuciones claras y políticas públicas específicas para atender este fenómeno.

Además, el trabajo conjunto entre ámbitos de gobierno es imperativo ante la gran amenaza que es actualmente el crimen organizado, más trasnacional, cruento y diversificado que nunca. 

Desde Morelos lo sabemos bien: la migración no es una estadística, son personas que viven, trabajan y conviven en nuestras comunidades. Integrarlas de manera ordenada fortalece el tejido social y reduce tensiones. La integración no es caridad; es política pública inteligente y necesaria.

Asimismo, un nuevo paradigma exige coherencia entre el discurso de derechos humanos y la práctica institucional. No podemos hablar de dignidad mientras persisten la detención prolongada, la falta de acceso a la justicia y el trato punitivo hacia personas cuya única “falta” es buscar una vida mejor.

Las personas migrantes no son una carga y Morelos es muestra de ello. Son agentes de desarrollo que aportan trabajo, conocimiento y diversidad cultural. En un país con regiones envejecidas y déficit de mano de obra, excluirlas es un error estratégico.

Desde el Congreso de Morelos, tenemos la responsabilidad de legislar con visión de futuro, asignar presupuestos suficientes y vigilar que las políticas migratorias se apliquen con humanidad y legalidad.

Como presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes del Congreso del Estado de Morelos, sostengo que el reto migratorio no se resuelve con más detenciones ni con discursos de miedo, sino con más derechos, más coordinación y más voluntad política.

México puede hacerlo mejor. Y hacerlo mejor no es una opción: es una obligación histórica.

* Diputada local y Presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el Congreso del Estado de Morelos