Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
Analista político y jurista

Cerrar un año no exige nostalgia ni inventarios selectivos, sino honestidad intelectual. Si 2025 debe ser comprendido, no será a través de la acumulación de hechos —demasiados, dispersos y a menudo contradictorios— sino mediante la identificación de las estructuras que los hicieron posibles. Porque lo verdaderamente grave no fue lo que ocurrió, sino lo que se normalizó.

Si una palabra define el año que termina en la vida pública mexicana, no es crisis ni ruptura, sino erosión. No asistimos al colapso abrupto del Estado de derecho, sino a algo más sofisticado y, por ello, más peligroso: un desgaste progresivo de sus principios fundantes mientras se conserva la liturgia institucional. La ley siguió invocándose, los tribunales siguieron sesionando y las resoluciones siguieron dictándose, pero el contenido material de la justicia comenzó a vaciarse.

En 2025, la justicia dejó de ser un freno al poder y pasó a ser una herramienta ajustable a intereses políticos. Esto no requirió dictaduras, solo reinterpretar principios para hacerlos funcionales a la coyuntura. El derecho dejó de proteger y se volvió mera gestión. Un indicio relevante fue la transición de un derecho penal garantista hacia un modelo de derecho penal del enemigo, en el cual herramientas excepcionales como el criterio de oportunidad y la aplicación no convencional de la prisión preventiva oficiosa contra personas identificadas como enemigos del Estado dejaron de estar guiadas por la legalidad y comenzaron a emplearse con una lógica selectiva y política.

En esta tesitura, este año confirmó otro desplazamiento preocupante: la progresiva eliminación de los contrapesos como virtud democrática. El poder dejó de justificarse mediante la deliberación y comenzó a legitimarse a sí mismo por acumulación. Como advirtió Norberto Bobbio, el poder sin límites no solo es peligroso, es intelectualmente torpe: deja de escuchar, deja de corregirse y termina confundiéndose con su propia narrativa. Cuando nadie obliga al poder a razonar, la arbitrariedad se vuelve política pública.

Este fenómeno tuvo también una expresión económica estructural. El endeudamiento creciente se asumió sin un debate sustantivo sobre sus efectos intergeneracionales. No se trata únicamente de cifras, sino de un principio republicano elemental: comprometer el futuro sin deliberación real equivale a una forma de desposesión democrática. La estabilidad fiscal no puede sostenerse sacrificando la racionalidad institucional.

En el ámbito de la política internacional, se identificó una contradicción de carácter estructural. Aunque el discurso institucional destacó la soberanía nacional, en la práctica se observó una creciente dependencia operativa hacia intereses estadounidenses. Esta discrepancia, presente desde hace tiempo, se manifestó abiertamente en 2025. La soberanía, en ausencia de instituciones sólidas, permanece como un concepto retórico, sin traducirse necesariamente en una capacidad concreta del Estado.

Quizá el riesgo más profundo del año que termina fue la amenaza de sustituir la técnica jurídica por la lógica electoral, bajo la promesa de una justicia “democratizada”. Confundir legitimidad popular con competencia técnica es uno de los errores clásicos de los regímenes que degradan la función jurisdiccional. La imparcialidad no nace del aplauso; nace del conocimiento, la independencia y el carácter.

Sin embargo, este diagnóstico no es una invitación al derrotismo. Reconocer la erosión es el primer acto de resistencia. La historia del derecho enseña que los sistemas no colapsan cuando se les critica, sino cuando se les idealiza ciegamente.

El año que inicia no exigirá disonancia, sino rigor. La defensa del Estado de derecho ya no pasa por consignas, sino por ideas, por técnica, por la dignidad profesional de quienes se niegan a aceptar que la ley sea una sugerencia y la justicia una simulación.

Como siempre, la última opinión es la de usted. http://www.migueljuris.com

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