Por Carolina Ruiz Rodríguez *

México atraviesa uno de los momentos más complejos y decisivos en materia migratoria en su historia reciente. Es momento de replantear muchas cosas en torno al fenómeno migratorio, incluso de cambiar paradigmas, redefinir políticas públicas desde los tres ámbitos de gobierno y lineamientos generales para la búsqueda de acuerdos entre países.

Durante décadas, en México nos asumimos únicamente como país de origen y tránsito; sin embargo, esa visión ha quedado rebasada. Hoy somos también país de destino, refugio, retorno y permanencia para miles de personas que huyen de la violencia, la pobreza extrema, la persecución política y los efectos del cambio climático.

A pesar de ello, seguimos pensando y operando bajo un modelo migratorio agotado, reactivo y profundamente contradictorio: uno que habla de derechos humanos, pero practica la contención; que presume vocación humanitaria, pero normaliza la discriminación.

Migrar no es un delito. Es un derecho humano y una consecuencia directa de las profundas desigualdades que persisten en nuestra región. Negar esta realidad no solo es ineficaz, sino moralmente insostenible.

El primer cambio de paradigma que México debe asumir es reconocer que la migración no es una crisis temporal, sino un fenómeno estructural, multifactorial y permanente. Mientras no se atiendan las causas de fondo —desigualdad, violencia, falta de oportunidades y colapso institucional— las personas seguirán migrando. Ningún muro ni operativo, por más extremo que sea, podrá detenerlo.

Sin embargo, la respuesta del Estado mexicano ha sido, en muchos casos, improvisada y subordinada a presiones externas. Se ha privilegiado la lógica del control y la contención, sobre la de la protección, convirtiendo a nuestro país en una frontera extendida que administra accesos y salidas, pero descuida personas y hasta derechos humanos.

Las consecuencias están a la vista: estaciones migratorias saturadas, procesos administrativos opacos, violaciones a derechos fundamentales y gobiernos locales que enfrentan solos una realidad para la cual no cuentan con los recursos, ni el acompañamiento, ni la capacitación necesaria.

Desde el ámbito legislativo debemos decirlo con claridad: este modelo ya no funciona. Persistir en él no solo profundiza la crisis humanitaria, sino que erosiona la credibilidad institucional del Estado mexicano.

México necesita una política migratoria con visión de largo plazo, basada en datos, coordinación interinstitucional. inclusiva y de respeto irrestricto a la dignidad humana. Un modelo que entienda que gobernar la migración no significa reprimirla, sino ordenarla con justicia.

Este es el punto de partida para un nuevo paradigma: pasar del miedo a la responsabilidad, de la simulación a la coherencia, y del discurso a la acción.

* Diputada local presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el H. Congreso del Estado de Morelos