Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez 

El pasado viernes estuve en el Altiplano. No como visitante ni como espectador, sino como abogado en funciones. Tuve dos audiencias iniciales consecutivas, una después de la otra. Dos causas distintas. Dos expedientes diferentes. Pero una misma constante: cada audiencia duró cerca de doce horas.

No hubo pausas reales. Apenas suspensiones técnicas de diez minutos para ir al baño o comer algo de prisa. No hubo tiempo para despejar la mente, revisar con calma los argumentos o simplemente descansar. Terminó la primera audiencia y, casi de inmediato, comenzó la segunda. El sistema siguió como si el cuerpo y la mente no importaran.

Ahí quedó claro que el problema no era solo jurídico. Era humano.

En la sala había jueces, secretarios y personal judicial completo. Profesionales formados, comprometidos con su función. Pero también había cansancio visible: rostros agotados, tono apagado, miradas perdidas. No apatía, sino desgaste. Y en un sistema donde se decide sobre la libertad de las personas, el agotamiento no es un detalle menor. El cansancio también decide.

Tras horas de audiencia, cuando el cuerpo ya no responde y la mente busca cerrar, la opción más sencilla se impone sola: darle la razón a la fiscalía y seguir adelante. No necesariamente por convicción jurídica, sino por inercia institucional. Por agotamiento.

A ese cansancio se suma otro factor del que poco se habla públicamente, pero que se percibe en los pasillos: el temor. El temor —real o percibido— de que resolver en contra de la fiscalía traiga consecuencias. Investigaciones administrativas, señalamientos internos, desgaste profesional. Nadie lo dice en voz alta, pero está ahí. Y ese miedo erosiona silenciosamente la independencia judicial.

Así, el Poder Judicial aparece debilitado en la práctica, aunque en el discurso se hable de autonomía. Debilitado frente a la fiscalía. Debilitado frente al poder ejecutivo. No por falta de leyes, sino por las condiciones reales en las que hoy se imparte justicia.

Este contexto no es casual. En semanas recientes, juzgadores federales han advertido públicamente que decisiones del gobierno, como la reducción de sus remuneraciones, afectan la independencia judicial y envían un mensaje de subordinación. Más allá del debate presupuestal, el efecto político es claro: empobrecer al Poder Judicial lo vuelve más vulnerable a las presiones. Y cuando un poder se debilita, otro avanza.

El resultado de esta combinación es alarmante: resoluciones que favorecen sistemáticamente a la fiscalía, no siempre por la solidez de sus argumentos, sino por el cansancio y el temor que rodean la toma de decisiones. La presunción de inocencia se convierte en una consigna retórica. La audiencia inicial deja de ser un filtro y se vuelve un trámite.

Este fenómeno no afecta solo a casos mediáticos. Afecta, sobre todo, a ciudadanos comunes. Personas sin reflectores ni recursos, que quedan atrapadas durante años en procesos penales sostenidos por pruebas débiles, pero validados por un sistema exhausto y presionado. Sus vidas quedan suspendidas. Su libertad, condicionada.

Por eso es importante decirlo con claridad: las decisiones de gobierno que debilitan al Poder Judicial no se quedan en el ámbito institucional. Se traducen en audiencias interminables, en personal judicial agotado, en jueces con miedo y, finalmente, en ciudadanos indefensos frente al poder punitivo del Estado.

La justicia no puede impartirse con hambre, sueño y temor. Un juez cansado no es un juez libre. Y un juez con miedo no puede ser un verdadero contrapeso del poder.

Si normalizamos un sistema donde la justicia se decide por desgaste y presión, el problema ya no es un caso aislado. Es un modelo que está fallando. Y cuando la justicia falla, quienes pagan el precio no son las instituciones, sino las personas.

Porque cuando la justicia está agotada, los ciudadanos quedan indefensos. ¿Usted qué opina?

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