JARIPEOS ILEGALES Y EL ABUSO DEL PODER DE LOS DIPUTADOS DE MORENA

Por Daniel Alcaraz 

En Cuernavaca volvió a quedar al descubierto una peligrosa práctica que empieza a normalizarse en la vida pública del estado, luego de que dos diputados federales de Morena-Morelos decidieron colocarse abiertamente por encima de la ley al romper sellos de clausura e imponer la celebración de jaripeos sin autorización en instalaciones municipales, utilizando su posición política como escudo para operar actividades totalmente irregulares.

Lo ocurrido es una violación deliberada al marco legal, ejecutada por legisladores que deberían ser los primeros en velar por la legalidad y el orden. Agustín Alonso Gutiérrez y Sandra Anaya hicieron exactamente lo contrario, convirtiéndose en los protagonistas de una escena que retrata con claridad un abuso grosero del poder.

La utilización de una unidad deportiva inhabilitada, la instalación de estructuras para eventos masivos, la venta de alcohol y la ruptura de sellos oficiales constituyen una cadena de actos ilegales que no admiten justificación.

El mensaje que enviaron es profundamente preocupante. Si quienes elaboran y aprueban leyes consideran que pueden violarlas a conveniencia, lo que se erosiona no es solo la normatividad municipal, sino la confianza ciudadana en la representación popular.

Fueron diputados de Morena quienes decidieron que podían invadir, montar y operar un espectáculo sin permiso en plena capital del estado, como si Cuernavaca fuera un territorio sin reglas.

Frente a ello, la actuación del alcalde José Luis Urióstegui Salgado fue la única muestra de institucionalidad en medio del atropello. El municipio intervino, denunció los hechos, suspendió un tercer evento en la colonia Flores Magón y dejó claro que los espacios públicos no pueden ser sometidos al capricho político de nadie.

José Luis Urióstegui no solo señaló públicamente la violación a los sellos y la falta de permisos, sino que asumió la responsabilidad de ordenar la suspensión de actividades para evitar riesgos mayores. 

Lo que se vivió fue un intento de frenar, dentro de las capacidades municipales, el desorden provocado por funcionarios federales que se comportaron como operadores de espectáculos clandestinos.

La autoridad municipal respondió y actuó, pero la gravedad del caso exige que haya consecuencias más allá de un señalamiento público. Si los diputados federales pueden violentar sellos, invadir instalaciones clausuradas y organizar jaripeos sin permiso sin recibir sanción alguna, el mensaje para la ciudadanía será devastador.