Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez.

Analista político y jurista.

“Cuando los controles del poder se debilitan, el camino hacia el autoritarismo se vuelve casi inevitable.” — Norberto Bobbio.

La semana que acaba de atravesar México dejó ver algo más profundo que una serie de hechos aislados: la consolidación de un estilo de gobierno que ya opera sin necesidad de máscaras. Durante años se discutió si el país vivía una transformación política o un desgaste institucional; hoy esa duda comienza a resolverse con inquietante nitidez. Las instituciones que deberían contener al poder han empezado a inclinarse ante él.

El caso de la jueza suspendida por “entorpecer” la extradición de Florian Tudor no es un trámite administrativo, como algunos quisieran presentarlo. Es una advertencia. Una señal dirigida a quienes todavía creen que pueden interpretar la ley sin mirar hacia Palacio. Bobbio sostenía que la salud de una democracia se mide por la independencia de sus jueces; cuando el juzgador entiende que fallar conforme a derecho puede costarle su estabilidad profesional, la frontera entre el Estado de Derecho y la obediencia política empieza a desdibujarse.

A ello se suma un uso cada vez más estratégico del derecho penal. La detención de Isidro Pastor ocurre en un momento políticamente conveniente, con una exposición mediática que parece diseñada para escarmentar más que para impartir justicia. No se trata de absolver a nadie, sino de advertir que la justicia selectiva —rigurosa con los adversarios, elástica con los aliados— es otro síntoma clásico del deterioro democrático.

La tensión con los medios confirma el mismo patrón. La frase presidencial dirigida a TV Azteca —“A ver qué anunciantes siguen”— no necesita mayor interpretación: es una forma de censura que opera sin prohibiciones legales, pero con eficacia económica. Un medio sin anunciantes es un medio asfixiado. Y cuando el gobierno define, de manera pública, quién merece la gracia del mercado y quién no, la libertad de expresión deja de ser una garantía y se convierte en una concesión.

Mientras tanto, la deuda pública crece sin contrapesos ni escrutinio serio. El presupuesto se ha transformado en un instrumento político que financia lealtades y disciplina disidencias. El endeudamiento como mecanismo de control puede ser silencioso, pero no por ello menos peligroso: compromete el futuro del país para sostener el poder del presente.

Todo esto ocurre en un contexto donde varios pilares del Estado de Derecho muestran signos evidentes de debilitamiento. No se puede afirmar que México lo haya perdido por completo, pero las señales son demasiado numerosas para ignorarlas: concentración del poder, control del Poder Judicial, debilitamiento de organismos autónomos, decisiones legislativas sin deliberación real, opacidad creciente y un ambiente público donde manifestarse o denunciar es peligroso. No es un colapso, pero sí una erosión simultánea que, como advirtió Bobbio, suele preceder a los regímenes que dejan de gobernar con límites.

La democracia no se derrumba de un día para otro. Se desgasta, se acomoda a la arbitrariedad y termina aceptando como normal lo que antes habría resultado inaceptable. La semana que terminó nos recuerda que defender las instituciones no es un asunto partidista, sino un acto de responsabilidad colectiva. La ley debe ser el freno del poder, no el arma que éste empuña para consolidarse. Si dejamos pasar estos signos como simples excesos momentáneos, mañana ya no serán excesos: serán la nueva regla. Al final, usted tiene la mejor opinión. http://www.migueljuris.com

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