Por Dr. Ángel Darién Zapata Marín

En Cuernavaca, las calles no solo conectan colonias: también revelan cómo se ejerce el poder. Dos decisiones recientes del Ayuntamiento muestran un contraste que incomoda y plantea preguntas sobre la congruencia y la transparencia. En esta ciudad donde la falta de vialidades adecuadas se ha vuelto una de las mayores fuentes de conflicto urbano —agravada por bloqueos, marchas y la incapacidad constante de absorber el tráfico cotidiano—, el manejo de los espacios públicos debería ser una prioridad estratégica, transparente y consensuada. Sin embargo, los hechos recientes muestran que la administración municipal parece operar con dos discursos y dos formas de comunicar según convenga políticamente.

La Calle La Rivera: Celebración Oficial, 14 Años Después

Con bombo y platillo, ruedas de prensa y notas replicadas en múltiples medios, el Ayuntamiento celebró la recepción formal de la calle La Rivera, una vialidad que durante 14 años permaneció bajo propiedad del Poder Judicial Federal. La administración municipal presentó el suceso como un “logro histórico” que permitirá ahora impulsar obras y servicios en beneficio de los vecinos.

Es importante mencionar que la calle, mientras estuvo bajo resguardo del Poder Judicial, se mantuvo en perfectas condiciones, lo que desinfló en parte la narrativa del “rescate”, pero aun así se vendió mediáticamente como un avance significativo. La historia oficial fue clara, alineada y ampliamente difundida.

En suma: una buena noticia, convenientemente amplificada.

La Calle Prisca en Vista Hermosa: Silencio, Permuta y Escándalo

Contrario a ello, el caso de la calle Prisca, ubicada en Vista Hermosa, siguió un camino completamente distinto. En este segundo expediente, el Ayuntamiento cedió o permutó una calle pública a favor de un ente privado, operación que no fue anunciada ni publicitada. No hubo notas de prensa, ni discurso sobre beneficio para la comunidad.

El asunto salió a la luz solo cuando diversos actores políticos se inconformaron, denunciando opacidad, posibles irregularidades y una aparente contradicción con el discurso que presume “defender lo público”. Cuando el Ayuntamiento se vio descubierto, argumentó que la calle “no tenía uso” y que el acuerdo representaba un beneficio para la ciudad pues se haría un parque. Sin embargo, si realmente se trataba de un acto de utilidad pública, ¿por qué no se informó con la misma intensidad del caso anterior?

En una ciudad donde cada calle cuenta, donde la falta de vialidades provoca caos ante la menor protesta y donde cualquier cierre puede colapsar zonas enteras, roza el absurdo que una vialidad sea entregada sin consulta, sin transparencia y sin debate público.

El Problema de Fondo: La Representación Ciudadana en Cuestión

Lo más preocupante no es únicamente la permuta, sino la forma. La ciudadanía —a quien el Ayuntamiento asegura representar— no fue consultada, no fue informada, ni siquiera tomada en cuenta. En un municipio con un déficit histórico de calles, conectividad y planeación, cada vialidad es estratégica. No existe espacio “sin uso”. Si no se usa, es porque no se invierte en él.

La administración municipal celebra una calle que recibe, pero calla cuando entrega otra. Aplaude lo que puede presumir mediáticamente, y minimiza lo que podría incomodar. Ese doble estándar erosiona la confianza pública y refuerza la percepción de que las decisiones urbanas responden más a intereses particulares que al beneficio colectivo.

¿Por qué un acto que afecta el patrimonio vial se negocia en silencio? ¿Por qué se justifica la permuta en una ciudad donde las vialidades son insuficientes y los bloqueos por manifestaciones paralizan la vida diaria? La respuesta oficial llegó tarde y con un dejo de duda: “Era por el bien común”. Pero el bien común no se decreta, se consulta.

Conclusión: Dos historias que revelan un mismo problema

El contraste entre La Rivera y Priscila no es casual: es el reflejo de una administración que carece de una política coherente y transparente sobre el manejo de los bienes públicos. Mientras una calle se convierte en trofeo mediático, otra se intercambia en la sombra. Y al final, quienes pagan el precio son los ciudadanos de Cuernavaca, atrapados entre el tráfico, los bloqueos, la falta de vialidades y la persistente opacidad de quienes deberían gobernar con claridad.

En una ciudad que clama por infraestructura y movilidad, la prioridad debería ser clara: informar, consultar y decidir con la gente, no a espaldas de ella. Porque las calles no son solo concreto: son patrimonio común, y su destino debe discutirse en público, no en privado. Cuernavaca necesita más calles, no menos. Cada cierre por protesta evidencia la fragilidad de su red vial.