Por: Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

En teoría, todos somos iguales ante la ley. En la práctica, el Estado mexicano ha decidido que hay ciudadanos con derechos y otros que no los merecen. En los últimos años, se ha consolidado una peligrosa tendencia judicial que revive, con nuevas formas y rostros, la vieja doctrina del “derecho penal del enemigo” formulada por Günther Jakobs: aquella que distingue entre quienes son tratados como personas con derechos y quienes son considerados “enemigos del orden”, indignos de las garantías que la Constitución y los tratados internacionales consagran.

La distinción no está escrita en el papel, pero se respira en los tribunales. Hoy vemos cómo, mientras algunos imputados —cercanos al poder político, económico o mediático— enfrentan sus procesos en libertad, otros permanecen meses o años privados de ella, sin una justificación real de riesgo procesal. 

El caso de muchos procesados federales ilustra este doble rasero. La prisión preventiva oficiosa o justificada, en vez de ser una medida excepcional, se ha convertido en un instrumento político y mediático. No se analiza el riesgo de fuga ni de obstaculización del proceso, sino el costo político de liberar a alguien que ha sido señalado públicamente.

Es ahí donde el juez deja de aplicar el derecho y empieza a obedecer el contexto. El tribunal deja de ser el espacio donde se garantiza la libertad y se convierte en una extensión del poder que castiga. Peor aún: en diversas resoluciones, la fundamentación en derechos humanos brilla por su ausencia. El principio de proporcionalidad, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad durante el proceso se sustituyen por frases de manual: “la medida resulta idónea para garantizar la comparecencia del imputado”. Palabras vacías, sin análisis, sin sustancia, sin convicción.

Cuando un juez actúa así, no aplica la ley: ejecuta una consigna.

El derecho penal del enemigo se disfraza de legalidad. Se justifica en nombre del combate a la corrupción, del lavado de dinero o de la seguridad nacional. Pero detrás de ese discurso se esconde una lógica peligrosa: quien es considerado enemigo deja de tener derechos. No importa la presunción de inocencia, no importa la falta de pruebas, no importa que se cumplan los requisitos del artículo 19 constitucional. Lo importante es mantenerlo dentro, porque “liberarlo sería un escándalo”.

Ese es el signo de un Estado que ha dejado de confiar en su propio sistema judicial. Cuando la prisión preventiva se usa para controlar, y no para garantizar justicia, el poder se está mirando al espejo del autoritarismo. 

No es casual que los casos más emblemáticos de persecución penal coincidan con momentos de alta tensión política. A algunos se les condena en los medios antes que en los tribunales; a otros, se les exculpa en los micrófonos antes de que haya sentencia. Esa es la diferencia entre el ciudadano y el enemigo.

Cuando un juez ignora las convenciones, no solo comete una omisión técnica: comete una injusticia estructural. La jurisprudencia internacional obliga a los Estados a aplicar los estándares más protectores de la libertad, y a justificar exhaustivamente cualquier restricción. No hacerlo implica negar la dignidad humana, que es el núcleo del derecho.

Sin embargo, en México parece que el lenguaje de los derechos humanos solo se invoca cuando conviene políticamente. Se cita la Constitución para justificar el control, no para proteger la libertad. Y así, el sistema penal se convierte en un campo de batalla donde la ley se aplica según la conveniencia del poder.

María Corina Machado, al recibir el Nobel de la Paz, habló del valor de resistir frente a la persecución y de mantener la fe en la ley incluso cuando esta parece ausente. Su mensaje debería resonar en México: la paz no se construye encarcelando opositores, sino fortaleciendo instituciones que protejan a todos por igual.

La verdadera justicia no teme liberar a un inocente; teme mantener preso a quien no debería estarlo. En cambio, en nuestro país, muchos jueces parecen más preocupados por no desentonar con el poder que por honrar su toga. Y mientras tanto, decenas de personas permanecen tras las rejas, no por lo que hicieron, sino por lo que representan.

La historia enseña que todo gobierno que usa la justicia para castigar a enemigos termina perdiendo legitimidad. El derecho penal del enemigo puede servir al poder un tiempo, pero destruye lentamente el Estado de Derecho. Y cuando eso ocurre, nadie está a salvo. Sin embargo, la mejor opinión es la de usted. www.migueljuris.com