Por Carolina Ruiz Rodríguez*
El pasado miércoles 22 de octubre ocurrió algo poco común en la vida pública de los Estados Unidos: más de un centenar de empresarios de distintos sectores acudieron al Capitolio para pedir a sus congresistas que detengan las deportaciones masivas de migrantes impulsadas por el gobierno federal encabezado por Donald Trump. Este hecho fue retomado por varios medios de comunicación **.
La razón detrás de este inusual movimiento empresarial es sencilla, pero poderosa: se están quedando sin mano de obra. La falta de trabajadores migrantes comienza a afectar su producción, sus comunidades y, en consecuencia, la economía de todo el país. Por ello, estos empresarios solicitan una reforma que otorgue permisos de trabajo a los migrantes indocumentados que, según reconocen, resultan indispensables para mantener en marcha los motores de la economía estadounidense.
Durante décadas, los migrantes latinoamericanos —en particular los mexicanos— han sido el sostén de sectores clave: la agricultura, la construcción, la hotelería, los servicios de salud y muchas otras áreas que mantienen viva la economía del vecino país del norte. Su aportación no solo es económica, sino también cultural y social. Son parte esencial del tejido que sostiene la prosperidad de millones de familias estadounidenses.
De acuerdo con datos de la organización American Business Immigration Coalition (ABIC), citados por el medio de comunicación de El País**, existen actualmente cerca de 8 millones de empleos sin cubrir en todo Estados Unidos. Este déficit laboral podría derivar en una espiral de graves consecuencias: incremento en los precios, escasez de alimentos y materiales, aunado a una mayor incertidumbre económica.
Ante este panorama, legisladores tanto republicanos como demócratas impulsan la Ley de la Dignidad (Dignity Act), una propuesta que busca otorgar un estatus legal temporal a migrantes que cumplan ciertos requisitos, como haber residido más de cinco años en el país, no tener antecedentes penales y pagar una multa de alrededor de siete mil dólares por su ingreso irregular a los EE.UU. Además, prevé una contribución adicional de hasta el 1% del salario durante siete años.
Si bien el proyecto tiene limitaciones, representa un cambio de enfoque: en lugar de criminalizar, perseguir y blindar fronteras, se propone reconocer el valor del trabajo y la dignidad de las personas que ya forman parte de la sociedad estadounidense, algo que se ha impulsado desde el gobierno federal de nuestro país que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Los empresarios advierten que, de persistir las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), promoverán un voto de castigo contra el Partido Demócrata en las próximas elecciones legislativas. Este gesto evidencia que el tema migratorio ya no es solo humanitario, sino también económico y político.
Desde México, observamos con atención y esperanza este debate. Quienes representamos a los estados con alta migración, como Morelos, sabemos que detrás de cada trabajador que cruza la frontera hay una familia que resiste, que envía remesas, que sostiene comunidades enteras y que sueña con regresar. Por ello, en el Congreso del Estado de Morelos hemos impulsado políticas que fortalecen el vínculo con nuestros migrantes, promueven su protección consular y garantizan que sus derechos sean respetados dentro y fuera de nuestras fronteras.
Nuestros connacionales en Estados Unidos son ejemplo de trabajo, disciplina y valentía. Su historia es la de millones de personas que buscan una vida mejor, pero también la de quienes, sin proponérselo, sostienen buena parte del bienestar de una nación entera.
Reconocer su dignidad no es un favor: es un acto de justicia y también una responsabilidad compartida entre naciones.
* Diputada presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el H. Congreso del Estado de Morelos.
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