Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

La reciente reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum y aprobada por el Congreso en octubre de 2025, representa un punto de inflexión en el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de los ciudadanos. Si bien se ha presentado como una medida necesaria para evitar que grandes contribuyentes evadan sus obligaciones fiscales, en realidad abre la puerta a una peligrosa erosión del control constitucional que por décadas ha sido el corazón del Estado de derecho en México.

El juicio de amparo, consagrado en los artículos 103 y 107 de la Constitución, fue concebido como un escudo frente a los abusos de autoridad. Es, con justicia, una de las mayores aportaciones del derecho mexicano al constitucionalismo universal. Sin embargo, con la reforma de 2025, el gobierno ha restringido de manera significativa la posibilidad de suspender actos de la autoridad en materia fiscal, impidiendo que los contribuyentes —personas o empresas— puedan frenar, siquiera temporalmente, la ejecución de créditos fiscales, embargos o congelamientos de cuentas bancarias.

El argumento oficial es pragmático: México necesita recursos. Y en efecto, el país enfrenta un panorama financiero complejo. La Ley de Ingresos 2026 prevé un endeudamiento de 1.4 billones de pesos, mientras los grandes proyectos de infraestructura heredados del sexenio anterior —el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles— continúan generando presiones sobre el gasto público. En este contexto, limitar los amparos fiscales parece una manera rápida de asegurar flujo de capital al erario. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿a qué costo institucional?

Las reformas fiscales y judiciales recientes responden a una lógica de poder concentrado: un ejecutivo que busca controlar la narrativa y la economía simultáneamente. En lo económico, pretende garantizar ingresos; en lo jurídico, eliminar obstáculos; y en lo político, centralizar legitimidad. Todo ello bajo la bandera del “bienestar”, un término que se ha vaciado de contenido frente a la creciente percepción de inseguridad que afecta a los mexicanos.

México no puede aspirar a la paz social mientras confunde autoridad con autoritarismo, ni bienestar con control. Blindar la recaudación sacrificando libertades es, en última instancia, un síntoma de debilidad, no de fortaleza.

La reforma a la Ley de Amparo no debería verse como una victoria administrativa, sino como una advertencia histórica. Cada vez que el Estado mexicano ha debilitado sus contrapesos en nombre de la eficacia, ha terminado debilitándose a sí mismo.

El impacto de esta reforma no se limita al ámbito fiscal. El verdadero riesgo es la normalización del precedente: si el Estado puede limitar el amparo en materia tributaria, mañana podría hacerlo en cualquier otro campo —ambiental, electoral o de derechos humanos— bajo el mismo argumento de “interés público”. El amparo no es un privilegio del contribuyente, sino un instrumento de todos los ciudadanos para impedir el abuso de poder. Al restringirlo, se reduce la capacidad de defensa frente a decisiones discrecionales y se erosiona la confianza en las instituciones.

Además, esta medida puede tener consecuencias económicas contraproducentes. La certeza jurídica es uno de los pilares de la inversión, tanto nacional como extranjera. Un país en el que las autoridades fiscales pueden ejecutar medidas sin control judicial inmediato proyecta un mensaje de arbitrariedad, no de estabilidad. La recaudación obtenida por la fuerza puede ser oro para hoy, pero cobre institucional para mañana.

México necesita recaudar, sí, pero necesita aún más fortalecer sus instituciones. Sin equilibrio entre poder y derecho, no hay justicia fiscal posible. De nada sirve sanear las finanzas públicas si se deja en bancarrota el Estado de derecho. La última opinión la tiene usted. www.migueljuris.com