Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

Cada sexenio arranca con promesas de cambio, de desarrollo y de estabilidad. Sin embargo, hay un elemento que se repite sin importar el partido ni el discurso: la deuda pública. México se ha vuelto un país crónicamente endeudado, y la tendencia no se detiene. Desde los años ochenta, cuando la crisis de la deuda latinoamericana marcó a toda la región, nuestra nación ha convivido con la necesidad —real o fabricada— de pedir prestado para financiar su funcionamiento.

El discurso oficial suele simplificar el tema. Se afirma que no debemos preocuparnos porque la deuda “crece en proporción al PIB”. Es cierto: en términos técnicos, lo relevante no es cuánto debemos en números absolutos, sino qué tan pesada es esa deuda en relación con lo que produce la economía. Si un país crece, puede soportar un mayor nivel de deuda. Sin embargo, esa explicación técnica no responde las preguntas de fondo: ¿para qué nos endeudamos? ¿a quién beneficia ese endeudamiento? ¿y quién carga con las consecuencias?

En México, el problema es que la mayor parte de la deuda no se destina a inversión productiva, sino a gasto corriente. Es decir, se pide prestado para pagar sueldos, programas sociales, transferencias políticas y, sobre todo, para cubrir los intereses de la propia deuda acumulada. En otras palabras: nos endeudamos para pagar deuda.

Aquí es donde conviene analizar con calma. ¿Quién gana realmente con que México siga endeudándose?

• Los mercados financieros internacionales. Fondos de inversión, bancos y tenedores de bonos mexicanos reciben, año tras año, pagos puntuales de intereses. Para ellos, la deuda mexicana es un negocio seguro, respaldado por la disciplina fiscal y la prioridad que el Estado otorga al pago de sus compromisos.
• Los gobiernos en turno. El endeudamiento les da liquidez inmediata para financiar proyectos políticos, inaugurar obras, expandir programas sociales o mantener una narrativa de “estabilidad”. No importa que el costo se traslade a las generaciones futuras; lo que importa es sostener la gobernabilidad en el presente.
• Las élites empresariales y contratistas. Muchas de las grandes obras públicas —desde carreteras hasta proyectos energéticos— se financian con deuda. Esos recursos terminan en contratos que benefician a un círculo reducido, mientras el costo se reparte entre toda la población.

En cambio, ¿quién pierde? Los ciudadanos comunes. Cada peso que se destina al pago de intereses es un peso menos para resolver problemas estructurales: hospitales sin medicinas, escuelas sin mantenimiento, policías mal pagados y un sistema de justicia saturado.

Si revisamos las cifras, el panorama es revelador. Vicente Fox recibió una deuda pública neta de alrededor de 1.5 billones de pesos y la entregó cercana a los 3 billones. Felipe Calderón la elevó a 6 billones. Enrique Peña Nieto la duplicó hasta los 10 billones. Andrés Manuel López Obrador, que prometió disciplina fiscal, la entregará cercana a los 20 billones de pesos. Y ahora, bajo Claudia Sheinbaum, el presupuesto proyecta un nuevo endeudamiento histórico para financiar programas y sostener el crecimiento.

Por eso, más allá de tecnicismos, lo que debemos cuestionar es lo esencial: ¿por qué nos endeudamos y a quién beneficia? El endeudamiento no es, en sí mismo, malo. Si se utiliza para construir infraestructura estratégica o impulsar la productividad, puede ser un motor de desarrollo. Pero si se usa para tapar agujeros, financiar promesas políticas o sostener el gasto corriente, entonces no es más que una transferencia de recursos del pueblo hacia los acreedores.

Mientras tanto, el ciudadano común paga la cuenta en forma de más impuestos, inflación indirecta, falta de servicios públicos y un futuro hipotecado. La deuda es como una tarjeta de crédito nacional: se usa para mantener el estilo de vida político, pero la factura la heredan los hijos y nietos. ¿Queremos un país que se endeuda para crecer, o un país que se endeuda para sostener al poder en turno? La mejor opinión es la de usted. 

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