Por: Alfredo Soberanes 

LA POLÉMICA LEY DE AMPARO

El Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre. La semana pasada se produjo la aprobación, tras una votación en el Pleno, precedida por la ratificación mayoritaria en una reunión extraordinaria de las Comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos.

La revisión legislativa se basó en un documento previamente modificado, donde se ajustaron aspectos polémicos como la figura del interés legítimo. La reforma fue aprobada con 76 votos a favor y 39 en contra, y ahora pasará a la Cámara de Diputados. 

La oposición, integrada por MC, PAN y PRI, argumentó que los cambios representan una regresión en la defensa de los derechos ciudadanos, sin embargo, no lograron frenar la reforma. Por su parte, el bloque morenista, defendió la propuesta argumentando que se ha abusado del juicio de amparo, especialmente por aquellos con mayores recursos. 

Tras dos días de audiencias públicas en el Senado, abogados, especialistas y miembros de la sociedad civil alertaron sobre el riesgo de que las nuevas disposiciones obstaculicen el acceso a la justicia. Las modificaciones a este recurso judicial son una prioridad para Morena, que ha utilizado su mayoría para aprobarla en Comisiones Unidas.

La reforma presidencial considerada una de las grandes apuestas del gobierno de Sheinbaum, busca agilizar los procesos judiciales para evitar que el amparo sea utilizado por quienes buscan evadir la justicia. Durante la discusión, se realizaron cambios al artículo transitorio para corregir un “error en términos de archivo”. Además, se atenuó la figura del interés legítimo, añadiendo que este puede ser individual o colectivo, y se eliminaron requisitos restrictivos como el daño “actual” y el beneficio “directo”.

Otras modificaciones incluyen ajustes en plazos, actos de ejecución, créditos fiscales y la eliminación de multas al erario. Se amplió el plazo para que los jueces dicten sentencia de 60 a 90 días y el plazo para que las personas presenten garantías de tres a cinco días.

Organizaciones civiles y expertos, aseguran que las reformas aplicadas significan un retroceso en la defensa de los derechos humanos y dificultan el acceso a la justicia en casos como desapariciones forzadas o megaobras públicas que afecten a la ciudadanía. Empero, la presidenta Sheinbaum ha precisado que sin la reforma, los deudores fiscales seguirán abusando del amparo. Por su parte, los especialistas consideran que la reforma está más pensada en las autoridades que en las personas, logrando lo contrario a lo que se dice sobre hacer el amparo más sencillo y ágil. El debate seguirá a pesar de la aprobación. 

Entre los puntos polémicos se encuentran la modificación del interés legítimo y la limitación de las suspensiones. La reforma busca redefinir quién tiene interés legítimo, exigiendo que el daño sea concreto, directo y personal, lo que limitará la capacidad de asociaciones civiles para reclamar causas colectivas.

Hasta ahí todo fluía según el plan de la presidenta. Empero, la adición de un artículo transitorio por parte de Morena generó controversia, especialmente tras las críticas de la presienta Claudia Sheinbaum en una Mañanera del Pueblo. El artículo busca aplicar la reforma en casos vigentes y en trámite, una medida que, según Sheinbaum, contraviene la Constitución.

Lo cierto es que… la presidenta tuvo que alzar la voz y recordar que la Carta Magna prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes, al tiempo de  anunciar que se revisará el motivo detrás de la incorporación de este transitorio en el Senado, al tiempo de enfatizar la necesidad de garantizar la no retroactividad conforme a la Constitución. La decisión final ahora recaerá en el Legislativo, que deberá argumentar la pertinencia de este agregado.

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