Por: Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
La justicia en México ha sido, históricamente, un terreno minado por la impunidad y la corrupción. Lo que debería ser el último bastión de confianza ciudadana se ha convertido, para muchos, en una maquinaria que funciona no para impartir justicia, sino para proteger intereses políticos, económicos y criminales.
Desde hace décadas, la percepción pública —y en gran parte la realidad— es que la justicia mexicana no depende de la ley, sino de la conveniencia del poder.
Hoy, ante la propuesta de una reestructuración radical del Poder Judicial, se nos promete un nuevo capítulo. Se habla de cercanía con el pueblo y de sensibilidad social.
Sin embargo, la propuesta de elegir jueces por voto popular, más que una solución, resultó un salto hacia la improvisación, la incompetencia y una alarmante falta de profesionalismo que pone en riesgo los principios más básicos del Estado de Derecho.
El sistema judicial mexicano se caracteriza por un círculo vicioso: delitos que no se denuncian, denuncias que no se investigan, investigaciones que no se judicializan y sentencias que rara vez llegan. Su afirmación sobre la impunidad es correcta y se sustenta en datos oficiales.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, la “cifra negra” —delitos no denunciados o sin carpeta de investigación— alcanzó un 92.4% a nivel nacional. Esto significa que menos de 8 de cada 100 delitos son investigados formalmente. De los casos que sí se denuncian, se estima que apenas el 1.1% obtiene una resolución. La impunidad, por tanto, no es una percepción; es una realidad estadística superior al 95%.
La impunidad no es un accidente. Es una estrategia de control político y social que garantiza a los poderosos que el sistema está diseñado para protegerlos, mientras los ciudadanos comunes viven en un constante estado de indefensión.
La corrupción judicial no se limita a sobornos. Es más amplia: nombramientos que se pagan con lealtades políticas, jueces que responden a intereses de gobernadores o líderes partidistas, y magistrados que deciden con base en la presión de grupos de poder. Esta realidad se refleja en la confianza ciudadana. La misma ENVIPE revela que más del 60% de la población mayor de 18 años percibe a los jueces como corruptos.
A nivel global, el panorama es igualmente sombrío. El Índice de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project sitúa a México en el lugar 116 de 142 países, con calificaciones especialmente bajas en justicia penal (lugar 129) y ausencia de corrupción (lugar 130).
En medio de este panorama, se apuesta por la elección de jueces por voto popular.
El argumento es que el sistema tradicional está cooptado y es necesario “democratizar” la justicia. Sin embargo, en la práctica, someter la justicia a las urnas amenaza con un fenómeno alarmante: la llegada de perfiles sin la preparación técnica, sin la experiencia judicial y, en muchos casos, sin la mínima comprensión del marco legal.
Se corre el riesgo de sustituir una élite técnica (aunque a menudo corrupta) por una élite política que responda a las maquinarias partidistas que los llevaron al poder. Lo que comenzó como un intento de acercar la justicia a la ciudadanía se está convirtiendo en una amenaza directa al debido proceso y a la imparcialidad.
Esta cultura de la simulación no es solo un defecto estructural, sino una práctica política activa y vigente. Lo vemos hoy, con una claridad que ofende: el reciente nombramiento de Vidulfo Rosales, el conocido abogado de las familias de Ayotzinapa, como uno de los nuevos asesores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aquí la simulación es doble. Para el gobierno, es una jugada maestra: integra a un opositor notorio, le otorga un cargo y con ello proyecta una imagen de diálogo y reparación. Para el sistema, es una forma de absorber y neutralizar la disidencia. Se calla con premios y burocracia lo que no se ha podido resolver con investigaciones y sentencias. La justicia no se alcanza, pero se simula que se está incluyendo a quienes la exigen.
La agenda debe ser clara:
- Profesionalización real: La justicia requiere jueces de carrera, con formación sólida y capacidad técnica probada.
- La imparcialidad y el conocimiento deben ser la base de cualquier nombramiento.
- Autonomía efectiva: Se debe blindar al Poder Judicial de los caprichos del poder político.
Si los jueces responden a partidos o gobiernos, la justicia siempre será selectiva. - Rendición de cuentas: Transparencia en las resoluciones, evaluación del desempeño y sanciones ejemplares para los corruptos son indispensables.
México no necesita jueces del bienestar ni asesores simbólicos: necesita justicia real.
Mientras la toga se use como disfraz político y no como responsabilidad ética, los poderosos seguirán durmiendo tranquilos y los ciudadanos seguirán viviendo en la incertidumbre.
El dilema no es técnico, es moral: ¿queremos un país donde la justicia se compra, se negocia y se simula, o uno donde, por primera vez, la ley valga lo mismo para todos? La mejor opinión es la de usted.
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