Por: Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

En México, la democracia no ha sido una conquista definitiva, sino una lucha constante. Hoy, esa lucha enfrenta una amenaza doble: el autoritarismo que se disfraza de transformación y la impunidad que se normaliza como parte del paisaje político. Juntas, estas fuerzas configuran una tormenta perfecta que erosiona las instituciones, debilita el Estado de derecho y mina la confianza ciudadana.

El autoritarismo contemporáneo no se impone con bayonetas ni censura explícita. Se manifiesta en la concentración de poder en la figura presidencial, en el debilitamiento de los contrapesos institucionales y en la cooptación de organismos autónomos. Bajo el discurso de la “voluntad popular”, se justifican decisiones que marginan al Congreso, descalifican al Poder Judicial y desmantelan órganos técnicos que garantizan transparencia y legalidad.

Esta regresión democrática se acompaña de una narrativa que divide entre “pueblo” y “enemigos del pueblo”, donde toda crítica se interpreta como traición y todo disenso como conspiración. El resultado es un ambiente político polarizado, en el que el poder se ejerce sin rendición de cuentas y donde las instituciones se subordinan a la voluntad de una sola persona.

La impunidad, lejos de ser una consecuencia colateral, es el motor que permite al autoritarismo avanzar sin freno. Cuando las leyes se aplican de forma selectiva, cuando los escándalos que involucran a figuras cercanas al poder no se investigan, y cuando los órganos encargados de procurar justicia se convierten en instrumentos de persecución política, el mensaje que se envía es preocupante: en muchos casos, el poder parece proteger a los suyos.

Casos recientes reflejan este patrón de impunidad y complicidad. Adán Augusto López Hernández ha sido señalado por supuesta protección a redes de huachicol en el sureste del país; Hilda Araceli Brown Figueredo ha enfrentado acusaciones de vinculación con estructuras delictivas como el Cártel de Sinaloa; Olga Sosa Ruiz ha sido mencionada en investigaciones vinculadas con Sergio Carmona; y Alfonso Romo ha enfrentado señalamientos sobre operaciones financieras irregulares a través de su casa de bolsa. No se trata de afirmaciones aisladas, sino de un conjunto de señales que revelan cómo el poder puede blindarse mientras los adversarios enfrentan consecuencias más severas.

La reforma a la Ley de Amparo impulsada por la actual administración es otro síntoma preocupante. Al limitar la posibilidad de que los ciudadanos frenen actos de autoridad que violan sus derechos, se vulnera uno de los mecanismos más importantes de defensa jurídica. Entre diciembre de 2018 y agosto de 2025, se interpusieron más de 3,600 amparos contra bloqueos de cuentas; mil 407 suspensiones definitivas liberaron alrededor de 27 mil millones de pesos, y las sentencias finales desbloquearon unos 32 mil millones (datos obtenidos de reportes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Esto no solo refleja el uso excesivo del poder financiero del Estado, sino también la necesidad de contar con herramientas que protejan a los ciudadanos frente a abusos.

La percepción de inseguridad es otra manifestación de esta crisis. En la primera mitad de 2025, el 63.2% de los mexicanos en zonas urbanas consideró que vivir en su ciudad es inseguro, frente al 61% de finales de 2024; entre las mujeres, esta cifra asciende al 68.5% (INEGI, ENVIPE 2025). Cuando el Estado no garantiza seguridad ni justicia, la ciudadanía se repliega, la participación disminuye y la democracia se debilita.

La desconfianza institucional se profundiza cuando los ciudadanos perciben que las autoridades están más preocupadas por proteger intereses políticos que por garantizar derechos. La justicia se convierte en una moneda de cambio, y el sistema legal en un laberinto diseñado para beneficiar a unos pocos. La solución no es sencilla, pero sí urgente. Se requiere una reforma profunda que garantice la profesionalización y autonomía de las fiscalías, fortalezca los mecanismos de control y recupere la confianza ciudadana. El Estado debe dejar de ser rehén de intereses políticos y económicos. La justicia debe dejar de ser un instrumento de persecución y convertirse en un pilar de equidad.

Blindar a los órganos autónomos frente a la injerencia partidista, profesionalizar los cuerpos de seguridad y garantizar que los jueces actúen con independencia son pasos indispensables. Pero también lo es fortalecer a la sociedad civil, al periodismo libre y a las organizaciones no gubernamentales, que cumplen una función esencial como contrapesos legítimos del poder. Además, la participación ciudadana activa —a través de la vigilancia, la denuncia y la exigencia de transparencia— es clave para mantener la democracia viva.

México no puede permitirse normalizar la erosión institucional. La democracia no se defiende con discursos, sino con acciones concretas que protejan los derechos, promuevan la justicia y garanticen la transparencia. Si no se actúa con firmeza, corremos el riesgo de consolidar un régimen donde el poder se ejerce sin límites y la ley se convierte en herramienta de conveniencia.

La tormenta perfecta que representa la unión entre autoritarismo e impunidad no es inevitable. Para disiparla se requiere voluntad política, presión social y una ciudadanía decidida a no ceder ante el miedo ni la apatía. Participa, exige transparencia, apoya la rendición de cuentas; solo así podremos aspirar a un México verdaderamente democrático, justo y libre.

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