Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

Claudia Sheinbaum vive una de las semanas más intensas desde que asumió la presidencia.  El golpe contra la red de huachicol fiscal exhibió la magnitud de un negocio que durante años se alimentó de la corrupción institucional: 555 empresas fachada, ocho puertos clave y una red que incluía a empresarios, agentes aduanales, marinos de alto rango y hasta un exjuez federal. No se trataba de ladrones perforando ductos en la madrugada, sino de una maquinaria de contrabando y defraudación que operaba a la vista del gobierno.

Ahora, la atención se amplía hacia Tabasco. La detención de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, líder del grupo criminal “La Barredora” y exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, demuestra que los vínculos entre poder político, seguridad estatal y crimen organizado son más profundos de lo que muchos imaginaban. Bermúdez fue nombrado por Adán Augusto López Hernández cuando era gobernador del estado y, según las investigaciones, su organización operaba en el robo de combustible, tráfico de migrantes, extorsión y negocios ilegales relacionados con el Tren Maya. Su captura en Paraguay, en coordinación con autoridades mexicanas, refleja también la presión internacional que enfrenta México para desarticular estas redes.

El caso muestra un rostro incómodo: funcionarios encargados de resguardar el Estado —como un vicealmirante de la Marina o un exsecretario de Seguridad estatal— resultaron parte del problema. Que estos funcionarios aparezcan vinculados con redes delictivas revela una constante perturbadora: el crimen organizado y la corrupción no se infiltran en las instituciones, se incuban dentro de ellas. La pregunta que emerge es inevitable: ¿cómo confiar en un sistema judicial y en un aparato de seguridad donde quienes deberían impartir justicia terminan del lado del delito? 

Al mismo tiempo, el operativo contra el huachicol fiscal y la captura de Bermúdez no pueden entenderse sin la presión internacional. Estados Unidos ha exigido acciones más firmes contra las redes criminales que crecieron durante el sexenio anterior. La cooperación internacional es efectiva, pero refuerza la narrativa de que México se mueve al ritmo de intereses externos. En este contexto, México ha tomado medidas económicas que refuerzan su alineación con Estados Unidos. El gobierno mexicano ha propuesto aumentar los aranceles de importación hasta un 50% para productos provenientes de países sin tratados de libre comercio, como China, India y Rusia. 

El ciudadano de a pie observa otra paradoja. Mientras el gobierno presume estabilidad macroeconómica, aumento en la inversión extranjera y fortalecimiento del peso, la percepción de inseguridad persiste y la impunidad no cede. Sin jueces preparados, sin ministerios públicos sólidos y sin instituciones blindadas, los operativos espectaculares terminarán en liberaciones vergonzosas. Y con cada liberación, la confianza social se erosiona aún más.

México está en un punto de inflexión. El caso del huachicol fiscal, la detención de Bermúdez y la exposición de funcionarios y jueces corruptos ofrecen a Sheinbaum la oportunidad de demostrar que su gobierno no se limitará a administrar crisis heredadas. Pero también exponen la fragilidad de un aparato judicial que no termina de reformarse y la dependencia de una relación asimétrica con Estados Unidos.

No basta con capturar al pez más grande si el lago sigue contaminado. El verdadero éxito no será detener marinos, jueces o empresarios corruptos, sino garantizar que, esta vez, la justicia llegue hasta el final. Porque de nada servirá un operativo mediático si los mismos vicios de siempre terminan borrando el cambio que el país anhela. La mejor opinión la tiene usted.
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