Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

El pasado 2 de septiembre, un operativo de gran magnitud encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sorprendió a la opinión pública. Empresarios y funcionarios vinculados a redes de huachicol fueron detenidos en lo que se presentó como un golpe ejemplar contra la corrupción y la impunidad. A simple vista, este hecho podría leerse como un acto autónomo de justicia. Sin embargo, cuando se analiza en clave de realpolitik y en coincidencia con la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el escenario adquiere un matiz distinto: el de un mensaje cuidadosamente sincronizado en el tablero bilateral.

Según reportes periodísticos, Rubio llegó a México con un “paquete de exigencias y condiciones” que incluía permitir operaciones de agencias estadounidenses en territorio nacional. Esta presión directa, de aceptarse, excedería la lógica de cooperación soberana y entraría en un terreno de subordinación difícil de digerir desde la perspectiva del gobierno mexicano actual. ¿Casualidad de que las detenciones se hicieran el día de su arribo? Difícil. En este contexto, la administración Sheinbaum parece enviar un doble mensaje: hacia adentro, reafirma su compromiso con el combate a la corrupción, dejando claro que no hay impunidad, incluso para tutores del pasado; hacia afuera, señala que está alineada con la agenda de seguridad de Estados Unidos, pero bajo sus propios términos, preservando la soberanía y evitando imposiciones unilaterales.

Este patrón no es nuevo. El 6 de enero de 2023, previo a la Cumbre de Líderes de América del Norte de ese año, se recapturó en México a Ovidio Guzmán, un gesto que también coincidió con la visita de funcionarios de alto nivel. Lo que se observa es un patrón: cada visita de alto rango de Estados Unidos suele acompañarse de un “gesto” de seguridad que funciona como una ofrenda simbólica, demostrando capacidad de acción y cooperación sin necesidad de un comunicado formal. La detención de funcionarios vinculados al huachicol y la recaptura de Ovidio son ejemplos claros de cómo la seguridad se convierte en un instrumento diplomático, donde la acción interna sirve también para mandar señales al exterior.

Pero el tablero político interno también está en juego. La reciente ovación de Esteban Villegas, gobernador priista de Durango, a Sheinbaum, al declararse “claudista”, refuerza la percepción de que la presidenta está consolidando un liderazgo propio, separado del obradorismo. Acciones respaldadas por Estados Unidos, como la coordinación en seguridad, parecen fortalecer su posición, generando apoyos transversales dentro de la política mexicana. La combinación de presión externa y movimientos estratégicos internos le permite a Sheinbaum redefinir el mapa de poder: muestra capacidad de acción, independencia frente al pasado y, a la vez, disposición a cooperar con socios clave.

En definitiva, la política de seguridad mexicana se encuentra en un momento de doble lectura. Por un lado, hay un esfuerzo tangible por romper con las redes del pasado y enviar señales claras de limpieza institucional; por otro, existe una presión externa que condiciona ciertos movimientos estratégicos. La coincidencia entre visitas de funcionarios estadounidenses y operativos significativos deja ver que la acción interna y la diplomacia se entrelazan de manera inseparable. Sheinbaum ha logrado, hasta ahora, mantener este equilibrio: actúa con firmeza en la lucha contra la impunidad y, al mismo tiempo, capitaliza la cooperación internacional para consolidar su liderazgo y marcar distancia de lo que fue el obradorismo.

El mensaje es claro: en este tablero de doble filo, la presidenta no solo gobierna, sino que también negocia símbolos. Cada operativo, cada “ofrenda” estratégica, es una jugada que refuerza su narrativa de independencia y eficacia. www.migueljuris.com