Durante el mes de julio, al menos 18 personas detenidas en distintos operativos fueron liberadas por jueces de control en Morelos, a pesar de que algunas fueron capturadas en flagrancia. Las resoluciones judiciales, que calificaron como ilegales las detenciones, han generado inquietud en el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado, que apelarán las decisiones. 

La gobernadora Margarita González Saravia y el secretario de Seguridad, Miguel Urrutia Lozano, han expresado su preocupación por lo que consideran un obstáculo en los esfuerzos de seguridad y justicia en la entidad.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 21 de julio, cuando 10 personas que habían sido detenidas previamente tras un cateo en la colonia Modesto Rangel, en el municipio de Emiliano Zapata, fueron liberadas en una audiencia celebrada ese mismo día. Aunque algunos de los detenidos habían sido capturados en flagrancia, los jueces de control determinaron que sus detenciones fueron ilegales, lo que resultó en su liberación.

La Fiscalía General del Estado de Morelos reaccionó a las resoluciones judiciales mediante un comunicado en el que informó su intención de apelar la decisión.

Las personas liberadas habían sido puestas a disposición por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, resistencia de particulares y utilizar un vehículo robado para la comisión de otros delitos.

La gobernadora Margarita González Saravia se pronunció sobre el tema, señalando que, aunque en los últimos seis meses se ha logrado una disminución de homicidios y un incremento en las detenciones, las liberaciones judiciales representan un retroceso en la lucha contra la delincuencia. 

González Saravia destacó que la coordinación entre la fiscalía y las fuerzas de seguridad ha sido positiva, pero también hizo un llamado a revisar el trabajo de algunos jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos. “Después de todo el trabajo de detenciones, dejar libres a los delincuentes nos perjudica mucho”, afirmó la gobernadora.

La mandataria indicó que ha mantenido conversaciones con el presidente del TSJ, Juan Emilio Elizalde Figueroa, para abordar la problemática, quien se comprometió a revisar las decisiones de los jueces y aseguró que se tomarán medidas para evitar que se prioricen aspectos burocráticos sobre el análisis sustancial de los casos. “No todos los jueces actúan de la misma manera, pero estamos comprometidos en revisar cada uno de los casos para asegurar que la justicia se administre correctamente”, añadió.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Urrutia Lozano, también expresó su preocupación por las liberaciones, señalando que los esfuerzos de la policía y la fiscalía se ven opacados por las decisiones judiciales. En particular, destacó el caso de Emiliano Zapata, donde se realizaron cateos tras obtener órdenes judiciales derivadas de un análisis exhaustivo de videos y pruebas. A pesar de ello, las personas detenidas en esos operativos fueron liberadas por los jueces, lo que Urrutia calificó como un nuevo ejemplo del fenómeno de la “puerta giratoria”, que permite que los detenidos sean liberados antes de enfrentar un juicio completo.

“El trabajo de la policía es coordinado y efectivo, pero no se puede permitir que los esfuerzos se vean socavados por decisiones judiciales que liberan a personas involucradas en hechos delictivos”, expresó Urrutia Lozano. Además, hizo un llamado a los jueces de control para que amplíen su criterio y homologuen sus decisiones. “No es posible que un mismo caso sea tratado de manera distinta por diferentes jueces”, indicó.

El secretario también descartó que las liberaciones sean parte de una estrategia de revanchismo político relacionada con jueces vinculados al exfiscal Uriel Carmona. “Por el bien de Morelos, no debe haber revanchismo. Todos debemos actuar en conjunto para fortalecer la seguridad y el estado de derecho”, concluyó Urrutia.