Por Carolina Ruiz Rodríguez *

Por razones estrictamente políticas, miles de mexicanos en los Estados Unidos están siendo perseguidos. A pesar de no haber cometido delito alguno, se les trata como criminales. No delinquen, pero sí son detenidos. No son enemigos de un país al que le brindan todo, pero sí son tratados como tales. En California, por ejemplo, son cazados en fábricas, campos, restaurantes, construcciones, escuelas y calles, como si fueran una amenaza para ese país, cuando en realidad son una de sus mayores fortalezas.

Lo que hoy enfrentan nuestros compatriotas no es sólo una política migratoria más estricta; es una estrategia de miedo y hostigamiento que convierte en espectáculo el dolor de quienes sólo buscan trabajar, vivir con dignidad y sostener a sus familias. Ser “ilegal” en los EE.UU. ha dejado de ser una falta administrativa para convertirse en una marca que justifica atropellos, detenciones arbitrarias y separaciones familiares.

Esta persecución —impulsada por el deseo de cumplir promesas electorales y elevar índices de aprobación— se vuelve un grotesco espectáculo político, en el que se vulneran derechos humanos elementales. Los agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), irrumpen en hogares sin orden judicial, niegan acceso a abogados, graban detenciones y las exhiben como si se tratara de un logro. ¿Qué tipo de gobierno se fortalece a costa del sufrimiento humano?

Desde México, y desde Morelos en particular, no podemos permanecer indiferentes. Aunque respetamos la soberanía de otros países, también exigimos respeto para la nuestra. Y ello implica alzar la voz frente a los abusos cometidos contra nuestros connacionales. Significa intervenir de inmediato cuando hay separación de familias, cuando se pisotean derechos o cuando se vulnera la dignidad de quienes sólo buscan una vida mejor.

Lo que podemos y debemos hacer desde nuestra casa común, que es Morelos, es claro: construir las condiciones mínimas necesarias para que ningún morelense se vea obligado a emigrar por necesidad, por violencia o por falta de oportunidades. No basta con condenar lo que ocurre allá, si aquí seguimos sin ofrecer opciones reales de desarrollo, empleo, educación y seguridad.

Debemos fortalecer a nuestros consulados y oficinas de representación en los Estados Unidos y establecer una agenda común con organizaciones de derechos humanos en EE. UU., que brindan apoyo legal, psicológico y social a los migrantes. El acompañamiento debe ser firme, constante y humano.

Y cuando nuestros paisanos son deportados —como ya lo han sido cerca de 60 mil mexicanos en lo que va del año, mil de ellos originarios de Morelos—, nuestro deber es recibirlos con dignidad y apoyar su reintegración inmediata. Que no se les excluya. Que encuentren acceso a salud, educación, trabajo y la posibilidad de rehacer sus vidas. Su experiencia y talento son valiosos. Morelos, además de ser la tierra que nos une, debe ser tierra de inclusión.

Desde el Congreso local impulsamos reformas para visibilizar los derechos de adolescentes y jóvenes migrantes deportados, con el objetivo de que puedan ejercer su doble nacionalidad, retomar sus estudios, acceder a servicios básicos y reconstruir sus vidas sin trabas administrativas ni discriminación.

La migración no se resuelve con discursos y ocurrencias de quien sólo busca hacerse notar. Se enfrenta con acciones concretas, con sensibilidad, con leyes justas y con políticas públicas incluyentes y humanas.

Desde la Comisión de Atención a Personas Migrantes del Congreso de Morelos, reiteramos nuestro compromiso con quienes se han ido por necesidad y hoy sufren persecución. No están solos. Sus derechos son nuestros, su lucha también es nuestra.

* Presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el H Congreso del Estado de Morelos