Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez.

Amigas y amigos, la pregunta no es retórica ni meramente provocadora. En un momento de profundas transformaciones políticas y sociales, surgen señales preocupantes de que algunas decisiones estratégicas del gobierno mexicano podrían estar más influenciadas por intereses externos, principalmente de Estados Unidos, que por un proceso deliberativo soberano e incluyente dentro del país. Reformas como la militarización definitiva de la Guardia Nacional o la implementación de la CURP con datos biométricos son sólo la punta del iceberg. ¿Qué tan autónoma es, hoy, la toma de decisiones en México?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha negado tajantemente que estas reformas respondan a presiones o exigencias de Washington. Sin embargo, en política, lo que se afirma explícitamente no siempre refleja toda la verdad. A menudo, lo importante no es solo lo que se dice, sino lo que se oculta, lo que se omite o lo que se pacta en lo oscuro. La velocidad con la que se han aprobado reformas con implicaciones profundas para los derechos humanos y la vida democrática del país, en paralelo a negociaciones bilaterales clave sobre migración, seguridad y narcotráfico, resulta cuando menos dudosa.

El caso de la CURP biométrica es particularmente inquietante. La creación de una base de datos única y centralizada con información personal y biométrica de los ciudadanos se presenta bajo el argumento de mejorar la seguridad y la eficiencia del Estado. Sin embargo, su aprobación se dio sin un debate público abierto, sin una auditoría técnica independiente y sin garantizar mecanismos claros de protección de datos. Más aún, ocurre en un contexto de creciente cooperación con agencias estadounidenses de inteligencia, lo que levanta legítimas preocupaciones sobre soberanía, vigilancia masiva y el riesgo de abuso.

Del mismo modo, la integración de la Guardia Nacional al mando militar refuerza un modelo de seguridad que privilegia la mano dura por encima de la prevención social. Este modelo no es nuevo ni exclusivamente mexicano: ha sido promovido durante décadas por Estados Unidos en América Latina como parte de su estrategia de seguridad hemisférica. Pero los resultados en la región han sido desastrosos: aumento de la violencia, militarización de la vida pública, debilitamiento de instituciones civiles y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Por qué entonces insistir en esta ruta?

La verdadera preocupación es de fondo: ¿quién está diseñando la política de seguridad, identidad digital y control territorial en México? ¿Los representantes elegidos por el pueblo o los intereses geopolíticos del norte? Aceptar una subordinación silenciosa, aunque sea bajo el argumento de la cooperación o la estabilidad, también es una forma de pérdida. Si las decisiones internas se diseñan para satisfacer intereses externos, estamos frente a una democracia secuestrada. Y si la seguridad se compra a costa de la autonomía, el precio que pagaremos será mucho más alto de lo que ahora podemos imaginar. 

La pregunta que queda en el aire es incómoda pero inevitable: ¿Estamos dispuestos a seguir gobernados por un movimiento político que solo da una falsa sensación de control y orden, cuando poco a poco por sus malas decisiones nos lleva a perder nuestra soberanía? La respuesta, como siempre, debería nacer del debate público, no de los acuerdos cerrados entre élites. Porque lo que está en juego no es solo una política o una reforma: es el futuro mismo de nuestra democracia. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios. migueljuris@proton.me