Por Dr Miguel Ángel Martínez Rodríguez

Amigos y amigas, amantes de la justicia. Si la semana pasada nos detuvimos en el umbral de la inelegibilidad, hoy nuestra mirada se posa en un horizonte aún más inquietante: la posible sombra de un autoritarismo que se cierne sobre México. ¿Estamos, como sociedad, presenciando el inicio de una era donde la independencia judicial se ve comprometida por el peso de otros poderes?

Las recientes elecciones para magistraturas y juzgados, envueltas ya en un manto de controversia por los “acordeones” y las impugnaciones de organizaciones civiles, nos brindan un punto de partida para esta reflexión. El hecho de que la elección fuera una “simulación” orquestada por “estructuras de poder” es una señal inequívoca de que la confianza en la autonomía del proceso se ha erosionado profundamente.

No podemos dejar de mencionar en este contexto que, justo en estos días, Estados Unidos ha impuesto sanciones a la banca mexicana por presunto lavado de dinero del narcotráfico, señalando a Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector. Estas sanciones, emitidas por el Departamento del Tesoro, elevan la presión sobre los controles antilavado en México, llevando incluso a la intervención temporal de estas instituciones por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Aquí es donde la pregunta clave se cierne sobre nosotros: Si existe una relación documentada entre políticos y actividades delictivas, como el narcotráfico y el lavado de dinero que ahora sanciona EE.UU., ¿querrán estos políticos “jueces a modo” para defenderse y asegurar impunidad? La tentación de controlar el Poder Judicial para proteger intereses ilícitos es una constante histórica. Esta inquietud se agudiza al considerar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que salir a asegurar que no se protege a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia del sexenio anterior, tras las acusaciones de EE.UU. a Vector Casa de Bolsa, a la que Romo está vinculado. ¿No es este un escenario donde aquellos con posibles cuentas pendientes podrían ver en un Poder Judicial maleable la ansiada oportunidad de eludir la justicia?

El verdadero riesgo del autoritarismo judicial reside en la erosión de la separación de poderes. Un Poder Judicial que no es verdaderamente independiente se convierte en un apéndice, una herramienta al servicio de otros intereses, despojándose de su rol como contrapeso y garante de los derechos.

La historia nos ha enseñado las graves consecuencias de un Poder Judicial sometido. La justicia deja de ser un faro de equidad para convertirse en una sombra que favorece a unos pocos. Por ello, es imperativo que la sociedad esté vigilante. La independencia judicial no es un privilegio de los juzgadores; es un derecho fundamental de cada ciudadano.

¿Estamos, como sociedad, lo suficientemente alertas ante los indicios de un posible autoritarismo judicial? ¿Qué papel jugamos nosotros, los ciudadanos, en la defensa de una justicia verdaderamente libre e imparcial? Su voz, más que nunca, es vital en este momento de nuestra historia. Envíe sus comentarios y opiniones a migueljuris@proton.me.