En una postura conjunta, las principales organizaciones empresariales de México, como la Coparmex, Concamin y el Comce, expresaron su desacuerdo con la propuesta del director del Infonavit, Octavio Romero, que busca legalizar las invasiones de viviendas.

A través de un comunicado, las agrupaciones empresariales resaltaron que esta medida contradice los objetivos fundamentales del Instituto, ya que pone en peligro los fondos de los trabajadores. Señalaron que el Infonavit fue creado con la finalidad de proteger el patrimonio de los trabajadores, y no para avalar ocupaciones ilegales ni beneficiar a quienes han tomado inmuebles sin derecho a hacerlo.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, se han censado un total de 168,000 viviendas en 2023, de un total de 843,000 que se encuentran en situación irregular. La inversión en este proceso ha sido de 700 millones de pesos. De esas viviendas, el 86% están ocupadas por personas que no tienen relación jurídica ni con el Instituto ni con los propietarios legítimos de los inmuebles.

Las cámaras firmantes hicieron énfasis en que permitir que los ocupantes de viviendas irregulares puedan adquirir los inmuebles a precios por debajo del mercado sería un grave precedente para el sistema de vivienda en el país.