El comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya, denunció al gobierno del estado de Oaxaca por el presunto desvío de más de siete millones de pesos, recursos que debían ser transferidos a municipios regidos por usos y costumbres, pero que, según afirmó, fueron retenidos de manera irregular por la Secretaría de Finanzas estatal.

Robles acusó directamente a la administración del gobernador morenista Salvador Jara de intentar responsabilizar de este presunto desvío a la presidenta municipal de Zapotitlán Palmas, Inés Martínez Reyes, a quien —dijo— se busca usar como “chivo expiatorio”.

“El gobierno estatal está desviando recursos públicos que pertenecen a los pueblos originarios, y ahora pretende culpar a una autoridad municipal que lo único que ha hecho es exigir lo que por ley corresponde a su comunidad”, expresó el dirigente petista.

Ante la gravedad de los señalamientos, Robles solicitó una auditoría integral al manejo de los recursos estatales destinados a municipios con sistemas normativos internos, así como la emisión de medidas cautelares para garantizar la seguridad de la alcaldesa Martínez Reyes, quien, según afirmó, ha sido objeto de presiones y amenazas.

Esta nueva confrontación se suma a una serie de desencuentros entre el PT y el gobierno estatal, a quien el propio Robles ha acusado en reiteradas ocasiones de mantener vínculos con grupos del crimen organizado, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas contundentes ante las autoridades judiciales.

Las fricciones al interior del bloque político de la Cuarta Transformación en Oaxaca evidencian las tensiones que persisten entre sus integrantes, especialmente en un contexto de disputas por el control territorial, recursos públicos y liderazgos locales.