El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que Grupo Elektra, empresa del consorcio Grupo Salinas, deberá cubrir un monto pendiente correspondiente al Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal 2012, cuyo valor, con recargos y actualizaciones, asciende a 2,000 millones de pesos.

La resolución, emitida por unanimidad de los tres magistrados, concluye un litigio iniciado hace cinco años. Durante ese periodo, la defensa de la empresa presentó diversos escritos con el fin de posponer la emisión del fallo, señalando presunta falta de imparcialidad por parte del tribunal. Los argumentos fueron rechazados al considerarse improcedentes.

El fallo establece la obligación de pago, aunque aún puede ser impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que podría prolongar el proceso judicial.

Un día después del dictamen, Grupo Salinas difundió un pronunciamiento en la red social X, donde expresó su desacuerdo con la decisión judicial. La empresa señaló que la sentencia omitió disposiciones de la legislación fiscal vigente en 2012 y cuestionó el procedimiento mediante el cual se negó el amparo solicitado, sin canalizar el caso a otro órgano jurisdiccional.

Asimismo, la compañía manifestó que la actuación del tribunal refuerza, a su juicio, un esquema que privilegia a la autoridad fiscal, y anunció que recurrirá a la SCJN, alegando transgresiones al principio de legalidad y a las garantías procesales.

La controversia se inscribe en el contexto de otras disputas fiscales sostenidas por el grupo empresarial, cuyo propietario, Ricardo Salinas Pliego, ha señalado diferencias con el enfoque adoptado por las autoridades hacendarias en la fiscalización de grandes contribuyentes.

La resolución del tribunal no interrumpe la posibilidad de revisión judicial, pero sí establece un precedente en torno a la aplicación de obligaciones fiscales derivadas de ejercicios anteriores y al papel del Poder Judicial en la resolución de conflictos tributarios.