El Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega (GPFG), uno de los principales fondos soberanos a nivel mundial, decidió excluir a Petróleos Mexicanos (Pemex) de su portafolio de inversiones. La decisión, comunicada el 11 de mayo, se sustentó en un informe del Consejo de Ética del fondo que documenta presuntas irregularidades vinculadas con actos de corrupción dentro de la empresa estatal mexicana durante casi dos décadas.

La investigación concluyó que Pemex debía ser excluida en virtud de su vinculación con casos de “corrupción grave u otros delitos financieros”, tras identificar diversas acusaciones entre los años 2004 y 2023. Algunas de estas prácticas involucraron acuerdos judiciales en tribunales de Estados Unidos, lo que reforzó las preocupaciones sobre la magnitud de los hechos señalados.

Uno de los hallazgos más significativos hace referencia a la implicación de exdirectivos de alto nivel. El informe menciona que un antiguo director general habría recibido sobornos por un total cercano a los 14 millones de dólares, aunque el alcance total de las transacciones ilícitas no ha podido determinarse con exactitud.

Pemex, empresa completamente propiedad del Estado mexicano y con una plantilla de aproximadamente 130,000 empleados, participa en todas las etapas del proceso productivo del petróleo. A junio de 2024, el fondo noruego mantenía inversiones en deuda corporativa de Pemex por un valor cercano a 1,443 millones de coronas noruegas, equivalentes a unos 135 millones de dólares.

Más allá de los casos específicos, el informe del Consejo de Ética señala que la estructura de gobernanza de Pemex presenta deficiencias significativas. Como entidad estatal, sus mecanismos de control pueden ser vulnerables, y la falta de respuesta clara frente a las acusaciones públicas aumenta los riesgos asociados con la compañía.

El informe también resalta la importancia de que Pemex demuestre su compromiso para abordar las denuncias de corrupción. El Consejo subraya que la información proporcionada por la empresa sobre contratos y posibles irregularidades financieras no es suficientemente detallada ni transparente.

En lugar de ofrecer una aclaración sobre los señalamientos, Pemex ha tendido a desestimar las acusaciones como infundadas o sensacionalistas. Además, el entorno restrictivo para la libertad de prensa en México ha sido identificado como un factor que dificulta la verificación pública de los casos.

Al día siguiente de la decisión, Pemex manifestó haber respondido “de manera oportuna” a las solicitudes de información del fondo noruego, además de resaltar que su sistema anticorrupción sigue los estándares internacionales. No obstante, el Consejo de Ética mantuvo su postura, señalando que la información recibida no fue suficiente, especialmente en relación con los casos de 2017.

Ese año, la Secretaría de la Función Pública (hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno) sancionó a siete empleados de Pemex Logística por autorizar pagos indebidos a una empresa por una obra no realizada, así como por la compra de equipo que no fue entregado. El daño patrimonial registrado superó los 35 millones de pesos, y las sanciones incluyeron destituciones y multas por un total cercano a los 50 millones de pesos.

Por otro lado, el caso Odebrecht sigue siendo una de las investigaciones más relevantes, en la que se señala a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex entre 2012 y 2016, por haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares a cambio de favorecer a la constructora brasileña en la adjudicación de contratos.

A pesar de que Pemex indicó que algunas de las sanciones relacionadas con estos casos se aplicaron fuera de México, el GPFG expresó su preocupación por la ausencia de sanciones internas dentro de la empresa y por la falta de medidas efectivas para prevenir nuevos actos de corrupción.

La exclusión de Pemex del portafolio de inversiones del GPFG no solo implica la pérdida de una inversión significativa para la compañía, sino que también envía un mensaje claro al mercado internacional respecto a los riesgos asociados con la empresa. Esta decisión podría tener implicaciones más amplias para la percepción de riesgo sobre otras empresas estatales mexicanas, particularmente en sectores estratégicos como el energético.