La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que debe emitirse, sin mayor demora, una resolución sobre la denuncia presentada en 2023 contra Cuauhtémoc Blanco Bravo por presunta violencia política de género en contra de la entonces diputada federal Juanita Guerra Mena, quien actualmente se desempeña como senadora.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón consideró improcedente el argumento de prescripción planteado por la Sala Especializada, que había determinado el cierre del caso al considerar agotado el plazo para ejercer sanciones. Según el magistrado, el asunto sigue vigente y debe resolverse conforme a los tiempos legales aplicables.
La denuncia fue interpuesta el 14 de junio de 2023 y refiere hechos ocurridos durante la organización del desfile cívico conmemorativo del 2 de mayo, en el marco del CCXI aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla. La legisladora denunció que fue excluida de las reuniones organizativas y se le negó el uso del espacio público para instalar una estructura destinada a recibir a habitantes del distrito que representaba.
Además de Cuauhtémoc Blanco, en el expediente también figuran otros exfuncionarios y autoridades municipales: Edgar Riou Pérez, entonces secretario privado del gobernador; Arturo César Millán Torres, director general de Logística y Eventos; Rodrigo Arredondo López, alcalde de Cuautla en ese periodo; y Miguel Ángel Meléndez Arias, encargado del área de Cultura municipal.
La queja fue presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas conductas que podrían tipificarse como violencia política de género, al obstaculizar la participación de una representante electa en actos cívicos oficiales.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, UNA CONSTANTE DE CUAUHTÉMOC BLANCO
A esta denuncia se suma una acusación penal interpuesta por Nidia Fabiola Blanco, media hermana del exgobernador, quien en entrevista con reafirmó haber sido víctima de tentativa de violación por parte de Cuauhtémoc Blanco. Según su testimonio, los hechos ocurrieron durante el tiempo en que ella colaboraba en su administración estatal.
Fabiola Fabiola declaró que, tras presentar la denuncia, comenzó a recibir amenazas indirectas a través de familiares. En la misma entrevista afirmó que un mensaje reciente incluía advertencias de que ya “se tenían identificadas a las personas que les harían daño”, supuestamente originarias del barrio de Tepito.
Expresó que, debido a estas amenazas, ha optado por restringir su movilidad en la Ciudad de México y ha solicitado medidas de protección tanto a la Fiscalía General de Justicia capitalina como a la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Negó haber exigido un pago económico tras su salida del gobierno estatal, como ha señalado la defensa de Cuauhtémoc Blanco.
También indicó que presentó pruebas ante el Ministerio Público y que su caso sigue en etapa de investigación. “No es algo menor, y no lo hice por interés político. Lo hice por dignidad y porque tengo derecho a vivir sin miedo”, dijo.




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