La convocatoria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para la “Marcha por la Vida”, programada para el 3 de mayo en la Ciudad de México, refleja las continuas tensiones en torno al aborto en el país.

La marcha es promovida por “Pasos por la Vida”, una organización civil que desde 2011 se dedica a defender la vida desde la concepción y a oponerse a la legalización del aborto. Este evento busca convocar a diversos sectores sociales en una manifestación en favor de la protección del derecho a la vida. Sin embargo, debe entenderse en el contexto de un sis-tema legal fragmentado y una creciente polarización social sobre el tema.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió resoluciones que invalidan las leyes estatales que penalizan el aborto, lo que ha permitido que en 23 estados del país no se criminalice la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.

No obstante, en entidades como Guanajuato, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Morelos y otras, los congresos locales no han modificado sus legislaciones, lo que mantiene una aplicación desigual de los derechos reproductivos.

Mientras que la SCJN ha respaldado el derecho al aborto como un componente de los derechos humanos, varios congresos locales han retrasado las reformas necesarias, ya sea por resistencias ideológicas o por presiones de grupos conservadores. La movilización de la CEM es una respuesta di-recta a estos avances legales, reflejando la postura de sectores que se oponen a la legalización del aborto.

En el ámbito político, la participación activa de la Iglesia católica plantea un cuestionamiento sobre el papel de las instituciones religiosas en un Estado laico. Aunque México ha sido estructuralmente separado de la Iglesia, esta continúa ejerciendo una influencia considerable en debates sobre derechos humanos y políticas públicas. La capacidad de la CEM para reunir a miles de personas resalta su relevancia en ciertos sectores de la población, pero también genera un debate sobre los límites de su intervención en temas que afectan a toda la ciudadanía, independientemente de sus creencias religiosas.

A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, sectores conservadores, incluidos actores religiosos, siguen impulsando un modelo moral que limita la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos. En este sentido, la “Marcha por la Vida” no solo es un acto de oposición al aborto, si-no también una manifestación de defensa de ciertos valores tradicionales frente a los cambios en las normativas sobre derechos reproductivos.

En resumen, la marcha promovida por la CEM resalta las profundas divisiones en México sobre el tema del aborto. Mientras que las decisiones judiciales avanzan en la despenalización, los congresos locales aún deben adaptar sus legislaciones para garantizar la igualdad de acceso a los derechos reproductivos.