La desaparición forzada de personas es un fenómeno que ha marcado trágicamente la realidad de México durante los últimos años, con un promedio de más de 50 desapariciones diarias en el país. Esta situación ha adquirido dimensiones preocupantes desde el inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien entregó un saldo de más de 200,000 homicidios dolosos, más de 50,000 personas desaparecidas y cerca de 3,000 fosas clandestinas documentadas. Este panorama ha sido un reflejo de las políticas de seguridad implementadas bajo el lema de “abrazos, no balazos.”

Es fundamental destacar que, a pesar de los avances en la recolección de datos, persisten importantes deficiencias en el registro y clasificación de las víctimas de delitos, incluidos homicidios, desapariciones, feminicidios y la localización de fosas clandestinas. Estos problemas de subregistro han complicado la comprensión total de la magnitud del problema.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, el número de personas desaparecidas y no localizadas fue de 16,903, lo que implicaba un promedio de ocho personas al día. Bajo Enrique Peña Nieto, esa cifra aumentó a 32,532, lo que representaba 15 desapariciones diarias. Sin embargo, fue en el periodo de López Obrador cuando las cifras alcanzaron un aumento alarmante, con 53,261 desapariciones en su administración, es decir, un promedio de 25 cada día. A finales de marzo de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 125,303 víctimas de desaparición.

En los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, las desapariciones han aumentado notablemente, con 7,708 nuevos casos, lo que equivale a un promedio de 56.6 desapariciones diarias, el doble de las que se reportaron durante la administración de AMLO. Según un informe de Causa en Común titulado “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre,” el número de desapariciones en los primeros 100 días de cada sexenio revela una tendencia alarmante: 199 en el periodo de Calderón, 1,093 en el de Peña Nieto, 2,018 en el de AMLO y 4,120 en el caso de Sheinbaum.

Si bien la crisis de desapariciones forzadas es inherente a la política de “guerra contra el narcotráfico” iniciada durante el gobierno de Calderón, los factores subyacentes del fenómeno deben ser analizados con mayor profundidad. La expansión de grupos criminales como Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es evidente en muchas de las entidades federativas más afectadas por la violencia y las desapariciones. Particularmente, en la Ciudad de México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, los registros indican un incremento sustancial de los casos de desapariciones, que en los primeros días de su mandato ya alcanzaban cifras preocupantes.

El problema de las fosas clandestinas también refleja la magnitud de la violencia y la impunidad que sigue vigente en el país. A pesar de los esfuerzos para documentar estos hallazgos, la información sobre las ubicaciones de las fosas permanece parcialmente inaccesible, como lo demuestra la reciente inhabilitación del portal donde se visualizaba el Mapa de Hallazgos de Fosas Clandestinas. De acuerdo con datos oficiales, entre 2006 y 2018 se localizaron 2,835 fosas, y entre 2018 y 2023 se encontraron 2,863 más, sumando un total de 5,698 en un periodo de casi dos décadas.

La violencia se concentra principalmente en los estados donde los carteles de Sinaloa y CJNG han establecido su dominio, con Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua siendo los lugares con mayor número de fosas clandestinas. La presencia de estos grupos, en especial el CJNG, ha marcado una etapa crítica para la política de seguridad, y el incremento de hallazgos de fosas es testimonio de la incapacidad para frenar esta expansión.

Asimismo, los cuerpos encontrados en estas fosas son una dura evidencia de la política de seguridad del gobierno de López Obrador, que no logró reducir el número de víctimas, a pesar de sus estrategias. Según el estudio del “Programa de Derechos Humanos” de la Universidad Iberoamericana, se han recuperado 4,701 cuerpos y 6,072 restos humanos de las fosas clandestinas, lo que demuestra la persistencia de esta crisis humanitaria.

En conclusión, la desaparición de personas en México sigue siendo un grave problema estructural, cuya magnitud ha aumentado bajo la administración de López Obrador y continúa extendiéndose en la era de Claudia Sheinbaum. La falta de respuestas efectivas a este fenómeno, unido a la impunidad que rodea muchos de estos crímenes, contribuye a la perpetuación de la violencia y el sufrimiento de miles de familias en todo el país.